La Unión Europea está al borde de aprobar nuevas normativas que podrían requerir el escaneo masivo de mensajes digitales, incluso aquellos encriptados, con el fin de detectar material de abuso sexual infantil (CSAM). Este jueves, los gobiernos de la UE decidirán sobre la legislación propuesta, clave para su avance en el proceso legislativo europeo.
Presentada inicialmente en 2022, la ley establecería un sistema de «moderación de cargas» que escanearía todos los mensajes digitales, incluyendo imágenes, videos y enlaces compartidos. Cada servicio que implemente esta tecnología de monitoreo deberá obtener permiso para escanear mensajes, sin el cual no se podrán compartir imágenes ni URLs.
La propuesta legislativa aborda de manera ambivalente el cifrado de extremo a extremo, inicialmente reconocido como esencial para proteger derechos fundamentales pero luego criticado por posiblemente facilitar zonas seguras para CSAM. Se sugiere que el nuevo sistema de moderación escanee el contenido de los mensajes antes de que aplicaciones como Signal, WhatsApp y Messenger los encripten, buscando mantener la privacidad intacta.
Meredith Whittaker, presidenta de Signal, ha advertido que la aplicación podría dejar de operar en la UE si se aprueba la ley, argumentando que socava el cifrado, independientemente del momento del escaneo. La Electronic Frontier Foundation, el Center for Democracy & Technology y Mozilla se han unido para rechazar la propuesta, citando preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios.
Los críticos, incluidos varios parlamentarios, cuestionan las búsquedas indiscriminadas y posibles filtraciones de mensajes privados, que contradicen el derecho fundamental a la correspondencia privada.
Si la legislación avanza, comenzarán las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión de la UE para definir el texto final. Sin embargo, enfrentará desafíos significativos debido al escepticismo público, especialmente entre los jóvenes, hacia políticas que permiten a los proveedores de internet escanear mensajes.
En resumen, la controversia sobre el control de chats en la UE refleja un conflicto entre la protección de derechos fundamentales y la lucha contra el abuso infantil en línea, planteando interrogantes sobre la efectividad y las implicaciones de estas medidas propuestas.
