El diputado Miguel Pérez Abad, presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional (AN), expresó que la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos no solo busca atraer inversiones, sino que se perfila como el mayor catalizador de oportunidades laborales para el país en la próxima década.
De acuerdo con el parlamentario, la meta de elevar la producción petrolera requiere una inversión sostenida que impactará directamente en el mercado de trabajo. La magnitud de este plan de inversión, estimado en 10.000 millones de dólares anuales, se traducirá en una transformación real para el presupuesto de los hogares venezolanos.
Proyección de la Fuerza Laboral
El desarrollo de infraestructura clave (plantas industriales, puertos y pozos) activará una cadena de empleo que se proyecta en 100.000 empleos directos: mano de obra técnica y profesional vinculada directamente a la operatividad petrolera. 500.000 empleos indirectos: trabajadores beneficiados por la cadena de suministro, logística y servicios industriales y 200.000 empleos adicionales: dinamización del sector comercial y de servicios generales en las zonas de influencia.
«Estamos hablando de casi 800.000 nuevos puestos de trabajo que fortalecerán el presupuesto de la familia venezolana y recuperarán el bienestar social», destacó Pérez Abad, subrayando que el empleo es la piedra angular de este «cambio de era».
Desarrollo Regional y Diversificación
El impacto será especialmente visible en el estado Anzoátegui, que al albergar el 80 % de la Faja Petrolífera del Orinoco, se convertirá en el epicentro de la contratación y formación de talento humano.
Finalmente, Pérez Abad enfatizó que el objetivo es utilizar la renta generada por este nuevo flujo de trabajo como una «palanca» para diversificar la economía. Esto permitirá que la bonanza laboral se extienda a otros sectores estratégicos como la agricultura, la tecnología y la pesca, asegurando que la generación de empleo sea sostenible y abarque todas las áreas del desarrollo nacional. AC
