El abogado larense, José Gregorio Zaá, explica a quienes buscan la derogación del instructivo ONAPRE, que “en este momento, les quedan dos opciones: apelar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la calle. Más nada”.
Consultado por EL INFORMADOR VENEZUELA, el especialista en derecho laboral describió -una tras otra, sin pausa ni duda-, fechas, nombres, recursos, jurisprudencia, protagonistas, sentencias, incoaciones, providencias, etc., que el referido instructiva ha generado.
Terminó la enumeración con la última decisión que tuvo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia ante la cual se han elevado ya varios recursos de amparo contencioso, con medida de amparo cautelar, a uno de los cuales lo declaró no solamente inadmisible, sino con la interpretación de que dicho instructivo “no existe”.
“No existe, pero lo aplican…”
–No existe, pero el gobierno lo aplica. ¿Cómo se entiende eso?, se pregunta Zaa, al tiempo que fustiga la medida como un misil dirigido hacia los empleados públicos para despojarles prácticamente de todos los beneficios laborales y contractuales
También habló sobre sentencias anteriores del mismo TSJ, en las cuales sí admitió uno de tales recursos, cuestión que “tampoco se entiende”.
Admitió que la última instancia a la cual se podía acudir aquí en Venezuela, para echar jurídicamente por tierra el instructivo, era obviamente el TSJ pero, a su juicio, a los recurrentes les quedan todavía uno de dos caminos, o dos a la vez.
–Uno, la calle, para que el gobierno entienda que la lucha de los trabajadores del sector público por sus derechos laborales –casi todos conculcados por la vigencia del Instructivo— es seria, es de verdad, y que no van a parar hasta lograr dicho objetivo.
–Pero tiene que ser una lucha combativa, vehemente y tenaz. Es decir, hay que hacer que el gobierno se sienta acorralado, como ocurrió con el bono vacacional de los educadores.
–Y, dos, acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante una acción debidamente razonada y argumentada.
¿Dará resultado…?
–Claro que sí. Si la OIT considera que han sido violados no solamente los derechos laborales de los trabajadores venezolanos, sino también el artículo 91 de la Constitución Nacional, el organismo puede emitir un pronunciamiento ante el gobierno venezolano para que revise dicha sentencia y sea eliminado o derogado definitivamente el instructivo ONAPRE.
¿Y el gobierno estaría obligado a cumplirla?
–Por supuesto que sí, ya que el Estado venezolano es firmante de todo lo que prevé la OIT en cuanto a derechos laborales.
¿Cree usted que la cumplirá?
–Pues está obligado a cumplirla, (pero) no nos adelantemos a los acontecimientos, y esperemos a ver cómo se desarrollan las cosas.
Reinaldo Gómez
Gráfica: Archivo
