Un juez federal de Estados Unidos encontró pruebas suficientes para acusar a la administración de Donald Trump de desacato penal, por violar «deliberadamente» órdenes judiciales que impedían la deportación de 238 inmigrantes a El Salvador, argumentando la ley de 1798.
En una decisión de 46 páginas conocida el el 16Abr, el juez de distrito, James E. Boasberg, subrayó la gravedad de esta desobediencia, especialmente por parte de funcionarios gubernamentales, razón por la cual solicitó información de quienes están implicados en la decisión, en tanto pudieran ser enjuiciados.
Es eso, o es explicar por qué se incumplió su orden y qué pasos está dando el Gobierno para honrarla. Para ambas opciones, le dio al Gobierno plazo hasta el 23 de abril.
El magistrado a cargo de la Corte de Distrito de DC, asegura que «el tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria». Argumenta, además, que las decisiones judiciales deben acatarse «sin importar lo enormes que puedan ser».
Reacciones
La Casa Blanca reaccionó diciendo que recurrirá «inmediatamente» las conclusiones del magistrado, mientras que el presidente, Donald Trump, despotricó contra el magistrado en su plataforma Truth Social escribiendo, entre otras opiniones: ¿Qué está pasando con nuestros tribunales? Están totalmente FUERA DE CONTROL», añadió en mayúsculas.
La decisión del juez federal de distrito James E. Boasberg, de quien Trump ha dicho que debería ser destituido, pone de relieve un enfrentamiento drástico entre las ramas judicial y ejecutiva del gobierno sobre los poderes del presidente para llevar a cabo prioridades clave de la Casa Blanca.
Fotoportada: (Referencial) Xinhua
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