El Gobierno de Perú pidió este domingo 4 de septiembre a la Fiscalía y a otros organismos que intervengan para investigar la actuación de la presidenta del Congreso, la opositora Lady Camones, tras la difusión de un audio en el que se le escucha presuntamente concertando la aprobación de leyes con el presidente de su partido, César Acuña.
Ese audio, publicado este fin de semana por el portal de investigación periodística Epicentro, fue considerado por el primer ministro, Aníbal Torres, como una prueba de «una actividad que linda con el delito».
«Hemos esperado que la Fiscalía de la Nación reaccione como reacciona ante otros hechos», remarcó Torres durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el Consejo de Ministros en pleno.
El primer ministro ordenó de inmediato reproducir el audio del diálogo, en el que participan Camones, Acuña y otros legisladores del partido derechista Alianza Para el Progreso (APP), quienes han señalado que era parte de una reunión partidaria en la que no se cometió ningún delito.
Acuña, quien es actual candidato a la gobernación de la región norteña de La Libertad, pide a Camones en ese diálogo que dé prioridad a la aprobación de un proyecto para la creación de un distrito de su jurisdicción con el fin de obtener réditos políticos.
Dice, además, que se debe dejar en claro que APP «no está blindando» al presidente Pedro Castillo, a quien un gran sector de la oposición política busca destituir desde el año pasado.
Torres se preguntó también por la ausencia de un pronunciamiento sobre este caso de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría del Estado, los organismos electorales y los medios de comunicación que, según dijo, solo «se ha pronunciado en una forma más o menos anecdótica» sobre el tema.
Según el primer ministro, en el diálogo «se ha transgredido» el código de ética del funcionario público, el código de ética parlamentaria, la ley orgánica de elecciones e incluso el Código Penal.
Consideró que «esa conversación que se desarrolla ahí constituye una gravísima falta al ordenamiento jurídico nacional» y dijo que no sabe «si las autoridades requieren de algo más frente a estas pruebas para actuar».
Durante la rueda de prensa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, agregó que «existen elementos de prueba, no elementos de convicción, que dan razón de la comisión de presuntos ilícitos» penales, entre ellos usurpación de funciones, patrocinio ilegal, tráfico de influencias e incluso de una presunta organización criminal.
