El Ejecutivo nacional, a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.917, oficializó el Decreto N° 5.143, mediante el cual se establece que un 70 % de los recursos obtenidos por contribuciones parafiscales, tarifas, aportes, comisiones y precios públicos deben ser transferidos al Fondo Especial Ciudad Humana, un nuevo servicio desconcentrado creado recientemente.
Esta disposición abarca a organismos como Conatel, Fonacit, el Fondo Nacional Antidrogas, el Instituto Nacional de Deportes, Inatur y otros mencionados en el anexo del decreto. El 30 % restante de los fondos recaudados será administrado directamente por las propias instituciones, en función de las bases legales que regulan sus operaciones.
El Fondo Especial Ciudad Humana, establecido en mayo pasado, tiene como objetivo principal impulsar proyectos comunitarios en colaboración con la Corporación Juntos Todo es Posible. En aquel momento, se anunció que la primera iniciativa financiada por este fondo se desarrollará en el estado Miranda, alineándose con los proyectos comunitarios de dicha región.
Tanto el Fondo como la Corporación trabajarán en concordancia con la Agenda Concreta de Acción diseñada para cada comunidad.
Durante el anuncio realizado el 22 de mayo, Nicolás Maduro explicó que el proceso seguiría una secuencia clara: presentación del proyecto, inicio y finalización de la obra, y un contrato adicional de mantenimiento por un año.
Lo que establece la Gaceta
La normativa no introduce modificaciones en los hechos imponibles, los sujetos pasivos ni en los procedimientos de recaudación y fiscalización ya establecidos en leyes anteriores. Su objetivo principal es redirigir una parte de los recursos previamente recaudados hacia un fondo central diseñado para financiar obras y servicios que el Ejecutivo considera prioritarios.
Adicionalmente, se dispone que el Compromiso de Responsabilidad Social, estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas, sea cumplido exclusivamente mediante depósitos realizados en el Fondo Negro Primero. Este fondo será el encargado de canalizar los recursos conforme a lo establecido en el decreto.
El decreto fue promulgado en el marco del estado de emergencia económica declarado por el Ejecutivo el pasado 8 de abril, una medida que posteriormente recibió la aprobación tanto de la Asamblea Nacional como del Tribunal Supremo de Justicia. Esta declaración otorga a Maduro poderes especiales durante un plazo de dos meses para implementar acciones excepcionales destinadas, según el decreto, a «defender y proteger la economía nacional ante el impacto de la guerra comercial». ac
