Persisten los ataques contra la prensa en Venezuela, en un contexto de alta tensión poselectoral. Miles de ciudadanos han salido a las calles en desconocimiento al triunfo de Nicolás Maduro con 6.408.844 votos, equivalentes al 51,95 % del total escrutado según el Consejo Nacional Electoral (CNE), y los profesionales de la prensa en el ejercicio de sus funciones han estado expuestos a agresiones, detenciones y amenazas.
La jornada del viernes 2Ago estuvo marcada por la detención del periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño quien entre 2020 y 2023 estuvo detenido por presunto «terrorismo y conspiración». También detuvieron a Deysi Peña, fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal, por efectivos de Polimiranda cuando se estaba en la estación de servicio Los Nuevos Teques.
A su vez, profesionales de la prensa extranjera fueron víctimas de detención y deportación sin motivo aparente, los chilenos Iván Núñez y José Luis Tapia, representantes de la Televisión Nacional de Chile (TVN) los abordaron en Chururú, estado Barinas, y obligados a salir del país por Cúcuta, según informó el medio de comunicación en redes sociales.
Estas agresiones han sido principalmente físicas y verbales e intimidación por parte de cuerpos policiales y grupos armados irregulares afectos al oficialismo, según balances del SNTP. Con esto asciende a ocho la cifra de profesionales venezolanos detenidos por parte de fuerzas de seguridad del Estado, reseña Tal Cual.
Yousner Leomar Alvarado Medina, camarógrafo de Noticia Digital, fue detenido el 29 de julio en Barinas por efectivos de la Guardia Nacional, mientras pasaba por Los Marqueses cuando se desarrollaba una protesta. Según declaraciones de su hermano, una patrulla se atravesó y los funcionarios lo detuvieron sin razón aparente, para trasladarlo al Destacamento #33 de la Guardia Nacional. Alvarado fue presentado e imputado por delitos de terrorismo, según fuentes del SNTP.
También fue detenido Paul León, camarógrafo de VPI Tv, en un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Policía del estado Trujillo el 30 de julio en la mañana, cuando fue montado en una moto y trasladado a la Coordinación Policial número 20 de Valera. Aún se espera la audiencia telemática de presentación de cargos.
Al mismo tiempo, los efectivos de seguridad le robaron el teléfono celular a Yuliana Palmar, periodista de Qué Pasa en Venezuela y Sucesos Trujillo.
En San Juan de los Morros, una situación similar se vivió con el joven periodista Joaquín de Ponte, detenido por funcionarios de la PNB y la Guardia Nacional, quien fue retenido en el Destacamento 343 de Guárico y liberado alrededor de las 9:40 pm.
Periodistas amenazados
El Sindicato denunció también las amenazas a periodistas en distintas regiones del país. Javier Reyes, periodista de NotiFalcón, fue apuntado con armas de fuego por motorizados que estaban violentando las protestas en el sector Tres Platos de Coro.
«El hecho se registró a mediodía de este 30jul, cuando vio que atacaban a las personas y desde el volante intentó grabar a las personas, cuando se le acercó el grupo y lo apuntaron con pistolas a la cara. Reyes dejó de grabar y arrancó el vehículo para salir del lugar», informaron.
La cobertura independiente de las protestas también ha sido condenada por efectivos policiales. En Valencia, estado Carabobo, el periodista independiente Alfredo Salvador Flores recibió una amenaza de detención si seguía publicando imágenes sobre las manifestaciones.
Otros cinco periodistas en Zulia fueron hostigados por funcionarios vestidos de civil, quienes los grabaron y fotografiaron mientras hacían cobertura de las manifestaciones en la Plaza de la República de Maracaibo. Los periodistas fueron Nataly Angulo de El Pitazo, Madelyn Palmar de Unión Radio, Edwin Prieto de Qué Pasa en Venezuela, María Carolina Quintero de VPI Tv, y Gerard Torres.
«Cuando les reclamaron el por qué los grababan y fotografiaban no respondieron y se movieron del lugar pero los seguían vigilando desde las esquinas de la plaza», explicó el SNTP.
Por otro lado, el periodista de Código Urbe, Jesús Romero, resultó herido el pasado lunes 30 de julio en San Jacinto, estado Aragua. Fue trasladado al Hospital Central de Maracay con heridas de proyectil en el abdomen y en una pierna. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) comentó que Romero tuvo que ser operado y se encuentra en recuperación.
Para el 31 de julio, comenzó a circular una cadena de Whatsapp contra 12 periodistas del estado Carabobo, estigmatizando y criminalizando la cobertura que han hecho los últimos días de las elecciones y las manifestaciones.
SNTP periodistas Carabobo perseguidos
El mismo método fue utilizado en contra de las periodistas de Aragua Carmen Elisa Pecorelli, Amira Muci y Carla Carrera Ortiz, quienes fueron publicadas en una cuenta de Instagram como «operadoras de la derecha fascista».
Por otro lado, el periodista y ex secretario general del SNTP; Mario Villegas, recibió mensajes de hostigamiento por exponer opiniones políticas en sus redes sociales: «Brother, no te vuelvas loco que aquí nadie va a venir a defenderlo estando tras las rejas. Ya dejemos la vaina compadre», le escribió un usuario en su cuenta de X.
Las amenazas digitales también afectaron desde el 1 de agosto a tres reporteros de Lara, con sus fotos difundidas en redes con señalamientos de incitación al odio. El periodista de Notihora, Humberto Ambrosino fue acusado de ser un presunto colectivo, y fotografías de los administradores de las cuentas en redes sociales Suero Digital y El Capitán de Carora se mandaron junto a mensajes violentos a través de cadenas de WhatsApp.
Censura mediática
A través de distintas fuentes, el SNTP pudo constatar que distintas fuentes, que los responsables regionales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) enviaron un comunicado a los dueños de emisoras de radio donde les prohíben «transmitir noticias infrinjan elementos clasificados de violencia”, para impedir que circule información sobre las protestas, porque pueden terminar en multas o retiro de concesiones. Esto ocurrió en emisoras Bolívar, Monagas, Falcón, Zulia, Carabobo, Aragua, Amazonas, Nueva Esparta y Barinas.
«Siguiendo instrucciones de nuestro Director Gral. Jorge Elieser Márquez queda Prohibido la transmisión de noticias que infrinja elementos clasificados de violencia, la promoción o difusión de lo indicado le puede acarrear pena de multa o retiro de concesión», dice el texto que compartió Denis Cabeza, coordinadora de Conatel en el estado Bolívar.
Waka noticias, transmitido por la emisora Amazonas 100.1 FM, salió del aire este 31 de julio luego de que su coordinador decidiera no sumarse a la «nueva línea editorial», fijada tras las elecciones.
El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, también amenazó aplicar «todo el peso de la ley» a quienes hagan llamados a la violencia, «no solo los que están en el campo de batalla, sino a través de los medios y las RRSS».
De la misma manera, el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, amenazó a la prensa en el estado al asegurar que investigarán a portales de noticias y a dueños de periódicos digitales que «han incitado al odio en redes sociales».
«Publican noticias catastróficas para generar zozobra, todo eso lo vamos a investigar y ya hemos extraído todo ese material y sabemos que han borrado publicaciones, ustedes saben quiénes han hecho eso», expuso en su cuenta personal de Instagram. El primer medio atacado en Portuguesa fue el diario Última Hora, próximo a cumplir 50 años.
«Nos reencontramos en democracia», escribió la cuenta del medio por X, quienes decidieron cerrar para salvaguardar la integridad física de periodistas y trabajadores.
Periodistas extranjeros
La prensa extranjera también ha recibido ataques, el SNTP informó este jueves sobre la expulsión del país del periodista italiano Marco Bariletti, reportero de Rai News y a su camarógrafo Ivo Bonito, quienes llegaron a las 12:14 pm al Aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.
«Tras su aterrizaje, el equipo fue apartado del resto de los pasajeros y, después de revisar sus documentos, les informaron que serían expulsados del país e inmediatamente los hicieron abordar un vuelo de retorno», explicó el sindicato.
Una situación similar se vivió con el periodista español Cake Minuesa, reportero de Ok Diario, detenido por la Dgcim el 29 de julio en la madrugada. Minuesa fue deportado ese mismo día en vuelo por Bogotá, gracias a gestiones realizadas por el Ministerio de Exteriores de España.
SIP condena ataques
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó esta semana los ataques contra la libertad de prensa en Venezuela tras los resultados ofrecidos por el CNE y periodistas han sido atacados, intimidados y detenidos.
Roberto Rock, presidente de la SIP, resalta que “es vital que periodistas y medios de comunicación puedan cumplir con su labor informativa sin interferencias y temor a represalias”.
AC
