La Confederación de Nacionalidades Indígenas inició el lunes un diálogo con el gobierno para impulsar encontrar acuerdos y soluciones a las demandas que generaron un paro y protestas violentas en las últimas dos semanas en Ecuador.
Al primer encuentro asistieron el presidente de esa agrupación, Leonidas Iza, acompañado de los principales líderes indígenas que sostienen las protestas en la capital, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
“Tuvieron que esperar a que lleguemos a Quito para llegar al diálogo”, dijo Iza. Subrayó que entre los temas sustanciales para los indígenas y el resto de la población figuran la reducción de los precios de la gasolina de 2,45 dólares por galón a 2,10 dólares y la derogatoria de decretos que establecen la ampliación minera y petrolífera.
Del total de 10 exigencias de esa Confederación, al menos cinco ya han empezado a tener respuestas por parte del régimen, según el ministro Jiménez.
“Respetamos la protesta social pacífica, las causas que la fundamentan y las organizaciones que las impulsan, (pero) no podemos tener el más mínimo nivel de tolerancia con quienes pretenden aterrorizar a los moradores de una ciudad, peor si es Quito”, afirmó.
Tras la primera ronda de intervenciones, ambas partes tomaron un receso durante el cual se espera que hagan las consultas necesarias para avanzar hacia las soluciones.
La noche del domingo, Lasso anunció la reducción del precio de la gasolina en 10 centavos de dólares desde 2,55 dólares el galón a 2,45 dólares, lo que esa organización indígena, la principal de su tipo en la nación andina, consideró insuficiente.
El anuncio “no se compadece con la situación de pobreza que afrontan millones de familias”, dijo la organización en un comunicado previo. Aseguró que pese a la respuesta “represiva del Estado… nos hemos mantenido firmes y seguimos demostrando a Ecuador y al mundo la legitimidad de nuestra lucha”.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó el lunes que los delitos cometidos en el marco de estas dos semanas de manifestaciones han sido judicializados y que la Fiscalía investiga unos 42 casos.
Dio cuenta de tres fallecimientos como causa directa de las protestas y dos por motivos accidentales y muerte natural, 28 secuestros de miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas -que ya se encuentran en libertad-, 175 policías heridos de gravedad, 30 unidades de vigilancia policiales destruidas y la pérdida de 30 vehículos de la institución, además del robo de armamento.
Indicó que pese a la eliminación del estado de excepción la fuerza pública mantiene los dispositivos de seguridad. El lunes, se registraba un descenso de cierres viales de 350 al inicio de las manifestaciones a 77, mientras unas 1.500 personas participan en actividades de protesta frente a las 15.000 que se registraban anteriormente.
El paro de los indígenas, que ha afectado principalmente a las provincias del centro norte andino con férreos bloqueos de las principales carreteras, especialmente la Panamericana, ha causado desabastecimiento de alimentos, gasolina y gas de uso doméstico y la imposibilidad de circular por el país.
En Quito se han registrado violentas marchas y choques con agentes del orden, ataques a vehículos privados y saqueos a pequeños negocios.
Lasso también anunció el aumento del presupuesto para la educación, la condonación total de los créditos vencidos de los agricultores en un banco estatal, la declaración de emergencia del sistema público de salud -con el propósito de dotarlo de medicinas y equipos-, entre otros pedidos que estaban entre los 10 puntos que exigían los indígenas.
La situación se produce cuando la Asamblea debate un pedido de destitución del presidente Lasso planteado por el partido Unión por la Esperanza vinculado con el mandatario Rafael Correa (2007-2017), el que parece tener pocas posibilidades de cumplirse debido a que no cuenta con el respaldo de al menos 92 legisladores requerido por la constitución.
Durante el fin de semana, en la capital y otras ciudades no se registraron marchas ni acciones de violencia como fue usual en los últimos días, aunque la ciudad de Cuenca, 310 kilómetros al sur de la capital, se encuentra sin gasolina, gas de uso doméstico ni oxígeno de uso hospitalario.
De acuerdo con estimaciones del gobierno, las protestas indígenas han causado más de 500 millones de dólares en pérdidas económicas en los sectores público y privado hasta el fin de semana, cuando el Ministerio de Energía ha señalado que Ecuador está a punto de suspender todas las actividades petrolíferas a causa del paro.
El petróleo es el mayor producto de exportación del país, a cuya caja fiscal aporta alrededor del 30% de los ingresos.
Fuente: AP
