Un grupo de personal obrero y administrativo de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) suspendieron la opción de huelga de hambre que pensaban iniciar el viernes 12 de diciembre, aunque la medida no ha sido descartada definitivamente, para exigir al patrono cancelar el 8.5 % de intereses sobre prestaciones sociales y el fideicomiso, situación que afecta a más de mil trabajadores entre obreros, administrativos y obreros jubilados en los años 2012, 2014 y 2017.
La información la aportó Ismery Pulgar, de la Coalición de trabajadores administrativos, Franklin Virguez y Roy Quintero, presidente y secretario de Finanzas del Consejo de Jubilados de Obreros de la UCLA, respectivamente, reiteran que el reclamo sigue latente en la casa de estudios.
La principal controversia radica en la postura de las autoridades universitarias, quienes alegan que, debido a la alta inflación, las prestaciones sociales de los trabajadores se han visto reducidas a un valor de «cero». Según para el cálculo tomaron como referencia el instructivo de 2015″, señalan.
El martes 2 de diciembre, los afectados presentaron formalmente una solicitud para la revisión del instructivo de 2015 utilizado en el cálculo de los beneficios mencionados, mientras las autoridades universitarias se comprometieron a brindar una respuesta durante la semana. Sin embargo, este viernes les informaron que obtendrían una respuesta en 30 días hábiles. No obstante, ante la mención de iniciar una huelga de hambre, apenas cinco minutos después dieron una quinta negativa frente a sus demandas, relató Pulgar.
Según el asesor jurídico de la UCLA Marco Antonio Castillo Acosta no hay diferencias entre los instructivos de 2015 y los demás, añadió.
Ante la respuesta, los afectados insisten en que sí existen diferencias y defienden el derecho a sus prestaciones. Además han sido enfáticos al aseverar que «ningún instructivo está por encima de la ley», e invocan el artículo 25 de la Constitución de Venezuela, que reza todo acto del Poder Público que viole derechos constitucionales (como los laborales) es nulo, recalcó Pulgar.
“Esa cuenta no da cero”
Zaida Matute, trabajadora afectada, recordó que la Ley del Trabajo en su artículo 142 ordena que al terminar la relación laboral en los cinco días siguiente se debe cancelar las prestaciones sociales. Sin embargo, los trabajadores tienen 13,11 y 7 años, esperando que paguen y se generan intereses.
Ciertamente, el sueldo tiene tres años congelado, pero haciendo una cuenta rápida, el sueldo mínimo son 130 bolívares, por 80 días por 25años de trabajo, no da cero como dice el director de Talento Humano, Luis Mathison, cuestionó
Pasos regulares en 2026
En ese contexto, el próximo año acudirán a la Inspectoría del Trabajo y solicitarás que se instale una mesa de trabajo. Asimismo, consignarán ante los entes correspondientes todos los recaudos hasta lograr que se le paguen sus prestaciones, porque son el patrimonio familiar.
Asegura que, en julio pasado en casi todas las universidades de país pagaron al personal docente y administrativos el 8.5 % de intereses sobre prestaciones sociales y el fideicomiso a los obreros, menos a los jubilados de la UCLA. Eso llama la atención.
“Suplicar que nos paguen”
Franklin Virgüez, presidente del Consejo de Jubilados de Obreros, manifestó que esta lucha se viene llevando a cabo desde hace tres años. Sin embargo, lamentó que en este 2025 las autoridades universitarias insistan en su respuesta negativa, cuando no se aplicó el instructivo correspondiente como si lo hicieron otras universidades.
En el sector obrero, se percibe una profunda desesperanza en el sector obrero. En 2017, había 256 jubilados; algunos han fallecido, mientras que otros necesitan medicamentos con urgencia. Entre ellos, hay compañeros con discapacidad, como Roy Quintero, secretario de finanzas del consejo de jubilados, quien requiere una prótesis. “Nos vemos obligados a suplicar que se nos pague, cuando en realidad es un derecho de los trabajadores”. Es una situación lamentable que afecta a todos los jubilados de los tres gremios: obrero, docente y administrativo.
Roy Quintero, secretario de finanzas del consejo de jubilados, rechazó la postura de las autoridades, argumentando que, según lo establecido por la ley sí les corresponde utilidades. Se pregunta dónde se encuentra ese recurso y por qué no se realizó el pago de manera oportuna.
Señala que, si el dinero perdió valor, esto ocurrió bajo la responsabilidad del patrón, quien debería reparar el error. En su caso, jubilado desde 2018, lleva siete años esperando una solución.
Destacó que a pesar de la larga lucha y su actual condición de discapacidad, esta situación solo fortalece su determinación para continuar exigiendo sus derechos, enfrentándose a lo que considera una evidente injusticia. AC
