Cidh expresa preocupación por crisis migratoria en frontera entre Perú y Chile
Argumentando falta de documentación en regla, el gobierno de Perú restringió el paso de decenas de migrantes de diversas nacionalidades, entre ellas venezolanos y haitianos, provenientes de Chile, que se encuentran varados desde hace unos 20 días en el cruce fronterizo entre ambos países a la espera de acciones humanitarias que implicarían vuelos de repatriación.
El gobierno peruano declaró “estado de emergencia” y ordenó trasladar militares a la frontera ante las tensiones que se han vivido en días recientes.
“Los Estados deben fortalecer la cooperación en migración internacional, especialmente ante las emergencias humanitarias. Las medidas de seguridad y de orden deben tener en cuenta los derechos humanos como la vida e integridad de las personas y familias en movilidad humana”, manifestó la CIDH el martes por la tarde en Twitter.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, aseguró el fin de semana que han mantenido conversaciones con las cancillerías de Chile y Perú y que han solicitado “plenas garantías y respeto a los DDHH” de los venezolanos que se encuentran en Tacna.
“Así mismo hemos solicitado garantías para que nuestros aviones de Conviasa puedan aterrizar y despegar en la zona, así como abastecer combustible en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria que nos permita regresar sanos y seguros a nuestros compatriotas”, agregó en Twitter.
Nancy Arellano, presidenta de Veneactiva, una ONG dedicada a brindar asistencia a la población de migrantes y refugiados en Perú, expone que las medidas restrictivas impuestas por el gobierno chileno han generado un proceso de “re inmigración” que, asegura, se “complica” cuando los países de origen “fallan” en dar documentación vigente a sus nacionales, casos puntuales los de Haití y Venezuela.
“Las barreras son de documentación, justamente porque estas personas no pueden tramitar ante las autoridades correspondientes los permisos para poder movilizarse y por supuesto las medidas que se han ido alzando entre los países de solicitud de visados, complejizan un proceso de migración seguro, ordenado y regular en la región”, dijo consultada por la Voz de América.
Arellano considera que han fallado plataformas de coordinación, como el Proceso de Quito que surgió para que las cancillerías pudieran coordinar y organizar los procesos de movilidad humana ante la “crisis migratoria” venezolana, pero “continúan tomándose decisiones unilaterales”.
En esa línea se pronunció Alberto Otárola, presidente del Consejo de ministros de Perú, quien aseguró que la “crisis migratoria” debe ser resuelta con la participación de “todos” los países involucrados en el fenómeno migratorio venezolano.
“Es inadmisible que nosotros sigamos admitiendo a ciudadanos ilegales. Un ciudadano venezolano puede ingresar a Perú mostrando su visa y su pasaporte”, dijo en un programa transmitido por América TV esta semana.
A juicio de Arellano, también coordinadora país de Coalición por Venezuela, Perú ha sido “responsable” al tomar medidas que favorezcan una migración “segura, ordenada y regular”, una “apuesta” que, sostiene, ha sido apoyada por el Poder Legislativo con la aprobación de la Ley de Amnistía que corrige la implementación, en marzo del 2021, de multas para aquellas personas que no actualizaran su residencia “a tiempo”.
“Se están corrigiendo varias situaciones que están permitiendo que aquellas personas que quieren tener una residencia regular en el Perú puedan optar a ello de una manera viable y que esto favorezca la formalización de la migración y la visibilización del impacto positivo de la migración en Perú y ayude a responder a las personas afectadas una campaña mediática de asociación de migración y delincuencia”, subraya.
Formalización vs grupos criminales
La presidenta de Veneactiva exhorta a los migrantes a responder con “formalidad” y a que lleven a cabo los procesos necesarios que permiten tener acceso a beneficios, lo que se convierte en una manera de combatir las redes de trata con fines de explotación laboral y sexual, que, afirma, ha aumentado de manera importante.
“Especialmente en mujeres de nacionalidad venezolana, ha crecido en más de 500% (…) es importante trabajar de manera coherente en propender a la formalidad y aprovechar el potencial productivo que hay en la migración”, precisa.
Arellano insiste en que en una región con fronteras “porosas” y con retos orientados a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, es necesario tomar medidas para generar “pasos seguros y generar la documentación o los acuerdos que sean necesarios” para no exponer a las personas.
“Tienen que haber acuerdos, tiene que exigírsele a los Estados que emitan la documentación que permita identificar a las personas y hay que usar la tecnología hoy día para poder asegurar pasos regulares”, propone.
Un reciente informe del informe Red de Activistas de Ciudadanos por los DDHH (Redac) titulado “Huellas de la movilidad venezolana” expone que la identidad e incluso la participación en procesos electorales son algunos de los derechos de muchos migrantes y refugiados venezolanos que se ven afectados en el exterior por diversos “obstáculos” impuestos, en parte, por el Estado venezolano.
Entre las trabas enumeradas por la investigación destacan “el alto costo” del trámite de pasaportes, los dilatados tiempos de espera para obtenerlos y la imposibilidad de tramitar cédulas de identidad desde las oficinas consulares.
Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, dijo en marzo que la crisis se ha “complicado” ante la movilidad de ciudadanos de otras nacionalidades y situaciones socioeconómicas que han supuesto nuevos “problemas” para los países anfitriones.
En ese sentido, precisó que los pasos irregulares son “superiores” al número de puntos de movimientos regulares, lo que “agrava” la situación de las familias que sufren mayor riesgo de ser víctimas del crimen organizado, discriminación y xenofobia.
Según la Plataforma Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), actualmente existen 7.239.953 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales 1,5 millones se encuentran en Perú y poco más de 444.000 en Chile.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cuestionado las cifras y ha denunciado en varias ocasiones la “politización” de los organismos internacionales de la migración.
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