El Congreso estadounidense está tomando medidas enérgicas contra los corredores de datos, desencadenando una lucha sin precedentes. La aprobación unánime de una ley en marzo pasado busca proteger los datos de los ciudadanos estadounidenses de caer en manos de adversarios extranjeros. Sin embargo, una enmienda relacionada con la recopilación de datos, incluida en el proyecto de ley que renueva la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), ha generado controversia, ya que su vencimiento está próximo.
El Congreso estadounidense está tomando medidas enérgicas contra los corredores de datos, desencadenando una lucha sin precedentes. La aprobación unánime de una ley en marzo pasado busca proteger los datos de los ciudadanos estadounidenses de caer en manos de adversarios extranjeros. Sin embargo, una enmienda relacionada con la recopilación de datos, incluida en el proyecto de ley que renueva la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), ha generado controversia, ya que su vencimiento está próximo.

El Congreso estadounidense está tomando medidas enérgicas contra los corredores de datos, desencadenando una lucha sin precedentes. La aprobación unánime de una ley en marzo pasado busca proteger los datos de los ciudadanos estadounidenses de caer en manos de adversarios extranjeros. Sin embargo, una enmienda relacionada con la recopilación de datos, incluida en el proyecto de ley que renueva la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), ha generado controversia, ya que su vencimiento está próximo.

Las negociaciones sobre la reautorización de la FISA han sido tensas, llegando al punto en que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, retiró el proyecto en febrero. La fuente principal de conflicto fue una enmienda presentada por el representante Warren Davidson, que busca restringir la venta de datos de consumidores por parte de los corredores de datos y exigir una orden para acceder a la información de los estadounidenses.

Ante esto, varios grupos, incluida la Asociación Nacional de Sheriffs, han expresado su preocupación, afirmando que estas medidas podrían debilitar la aplicación de la ley. Con la fecha de expiración de la FISA a la vuelta de la esquina, el Congreso se verá obligado a retomar el debate. Legisladores han dejado claro que no apoyarán el proyecto de ley sin incluir las enmiendas de privacidad.

En medio de esta batalla legislativa, los corredores de datos, representados por Relx, la empresa matriz de LexisNexis, están intensificando sus esfuerzos. Contrataron firmas de cabildeo mientras la enmienda se debatía en la Cámara. Sin embargo, sus prácticas de recopilación y distribución de datos han sido objeto de escrutinio, especialmente tras revelarse que varias compañías automotrices compartían información sobre los hábitos de conducción con LexisNexis Risk Solutions, que luego vendía estos datos a compañías de seguros.

El enfrentamiento entre el Congreso y los corredores de datos está lejos de resolverse, y su desenlace tendrá un impacto significativo en la protección de la privacidad y las capacidades de vigilancia doméstica.

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