El abogado y defensor de Derechos Humanos, Luis Franco Orozco, compareció el pasado 08Dic, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en torno a la controversia del proyecto «San Vicente Gardens», que escaló a un punto crítico tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
El objetivo fue solicitar a la Juez Milangela Mercedes Jiménez Escalona la suspensión inmediata del acto de remate de los terrenos pertenecientes a la promotora «Inversores Integrados del Este C.A.».
Esta acción judicial se fundamenta en un «hecho nuevo y sobrevenido» que cambia drásticamente el panorama legal: una sentencia firme emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Anteriormente, este mismo tribunal había negado la suspensión de la ejecución, argumentando que la sentencia favorable a las víctimas «no había causado ejecutoria» ni tenía autoridad de «Cosa Juzgada» debido a que existía un Recurso de Casación pendiente. Ante esta negativa se intentó una acción de amparo la cual fue declarada inadmisible por parte de la Juez superior primero Rosangela Sorondo por la misma razón.
Cabe a destacar que, es la misma juez quien el 2023 declaró con lugar la resolución del contrato, absolvió de culpa a los socios y les escucho el recurso de apelación que elevará el caso al Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, ese obstáculo legal fue removido definitivamente.
De acuerdo con el medio de comunicación, Noticias Barquisimeto, que tuvo acceso a la decisión de la Sala de Casación Civil del TSJ, de fecha 4 de diciembre de 2025 (Exp. AA20-C-2024-000071), con ponencia del Magistrado Henry José Timaure Tapia, en dicho fallo, el máximo tribunal declaró INADMISIBLES los recursos extraordinarios intentados por la Sociedad de Educación Paulina y Construcciones Urbel C.A., así como el de Inversores Integrados del Este.
Esto significa que la sentencia del 28 de noviembre de 2023, que daba la razón a las víctimas resolviendo los contratos e indemnizándolas, es ahora definitivamente firme.
Dilación judicial
La investigación revela un entramado judicial que ha perjudicado a los afectados por más de dos años:
Noviembre 2022: La Juez de Primera Instancia, Diocelis Pérez, declaró, después de más de cuatro meses de retraso, inadmisible la demanda original, alegando falta de conexión y condenando en costas a las víctimas, en una decisión que fue duramente cuestionada, tardando además más de tres meses en notificar su decisión
Noviembre 2023: El Juzgado Superior Primero del estado Lara anuló esa decisión y declaró Con Lugar la resolución de los contratos. No obstante, en un giro polémico, eximió de responsabilidad directa a los socios (la Sociedad de Educación Paulina —Padres Paúles— y Construcciones Urbel C.A.) al negar el levantamiento del velo corporativo.
A pesar de haber sido eximidos de responsabilidad en esa instancia (no verse perjudicados), tanto la Sociedad Paulina como Urbelca anunciaron casación ante el TSJ, recurso que fue admitido por la juez Rosangela Soromdo, a pesar de haber sido ella misma quien los absolvió de culpa.
«La intención de la Sociedad Paulina y los representantes de Urbelca de anunciar casación era precisamente dilatar el proceso», declaró el abogado Luis Franco.
Según el jurista, esta maniobra buscaba ganar tiempo para que otras demandas paralelas avanzaran hasta la fase de remate, dejando a las víctimas originales sin bienes que ejecutar, un hecho que podría materializarse la próxima semana si la Juez Milangela Mercedes Jiménez Escalona no actúa conforme a derecho.
Franco informó que, en paralelo a la lucha en tribunales, el caso ha llegado al poder legislativo local. El pasado lunes, ejerció un derecho de palabra ante la Cámara Municipal de Iribarren, gestionado por el concejal Álvaro Mogollón.
El presidente del Concejo, José Luis Ortega, tras escuchar la gravedad de la situación, propuso la creación inmediata de una Comisión Especial para el acompañamiento y asesoría de las víctimas de delitos y estafas inmobiliarias en el municipio, marcando un precedente en la protección al ciudadano frente a constructoras incumplidas.
La decisión en manos del Tribunal Tercero
Con la sentencia del TSJ en mano, que certifica el derecho preferente de las víctimas representadas por Franco, el Juzgado Tercero ya no tiene el impedimento legal del «recurso pendiente» que citó en julio.
«Con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia consignada, se cumplen todos los requerimientos hechos por ese despacho el pasado 08Jul, por lo que la suspensión del remate debería efectuarse de inmediato», enfatizó Franco.
En relación a las acciones penales intentadas indicó que la denuncia cursa en la fiscalía primera bajo el asunto MP-16260-2021 y que a pesar de que a solo meses de realizarla la comisión de investigación del CICPC determinó la existencia de elementos que determinaban la posible existencia de una estafa inmobiliaria los fiscales que han estado a cargo a lo largo de estos cuatro años no han formalizado las acusaciones respectivas, por lo que hizo un llamado al nuevo Fiscal Superior para que impulse la investigación de esta y demás denuncias relacionadas a incumplimiento y estafas inmobiliarias.
