Tres activistas LGBTI de Venezuela superaron este miércoles las 48 horas encadenados y aseguraron que mantendrán su protesta, frente a la Defensoría del Pueblo, en Caracas, hasta ser atendidos por altos representantes del Parlamento, del Tribunal Supremo y otros poderes públicos, con el objetivo de sellar compromisos que les permitan avanzar en derechos.
«Aquí nos vamos a quedar hasta que nos digan cuándo nos vamos a sentar los movimientos sociales con estas instituciones de manera respetuosa», dijo a periodistas Koddy Campos, uno de los encadenados, luego de que el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, declarara ante los medios que revisarán los reclamos planteados por este colectivo.
Los tres activistas se plantaron el lunes en la mañana cerca de la Defensoría para exigir a Ruiz que promueva la acción de otras instituciones a favor de la población LGBTI, a través, por ejemplo, de un emplazamiento al Supremo para que anule un artículo del código de justicia militar que castiga con hasta tres años de cárcel las relaciones homosexuales.
Asimismo, exigen que se acate el derecho a cambio de nombre por razones de género, contemplado en la Ley de Registro Civil de 2009, el cual no ha sido respetado y, por tanto, las personas transexuales están obligadas a usar identidades que nos las representan.
El defensor leyó un documento en el que aseguró que revisará las exigencias de los manifestantes, que están acompañados por otra decena de activistas, si bien aclaró que no sabe cuánto tiempo le tomará a la Defensoría chequear estos asuntos.
Se trata, dijo, de «revisar todos los casos y denuncias» interpuestas por el colectivo, especialmente las que no han tenido respuesta del Supremo, así como de promover debates en el Parlamento, al que los manifestantes le piden discutir la propuesta de matrimonio igualitario que presentaron en 2014.
Durante la protesta, que se ha mantenido pese a la lluvia de estos días en la capital venezolana, los activistas han reiterado que el Estado no ha defendido a las personas LGBTI ni ha promovido ningún avance para esta población, por lo que consideran que las instituciones los agreden por «omisión».
«No nos vamos a parar hasta que nos sentemos con gente que pueda darnos respuesta», insistió hoy Campos.
Con información de El Nacional
