El Congreso de Perú no ha logrado finalmente sacar adelante la propuesta para inhabilitar durante diez años al expresidente Pedro Castillo y otros implicados en el autogolpe de Estado de diciembre de 2022, apenas una semana después de que fuera condenado a once años de cárcel por delitos de rebelión por aquellos hechos.
La propuesta obtuvo 44 votos a favor de los 68 que necesitaba, mientras que otros 31 la descartaron, y tres se abstuvieron. Cifras similares las que recibió la inhabilitación de su entonces primera ministra Bettsy Chávez –refugiada ahora en la Embajada de México, en Lima– y la del exministro del Interior Willy Huerta.
A los tres se les acusó de haber incumplido una veintena de artículos de la Constitución cuando Castillo anunció la disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022, declaró un gobierno de excepción y propuso varias reformas, entre ellas la redacción de una nueva Carta Magna.
El propio Castillo ha intervenido desde la cárcel de Barbadillo en una videoconferencia en la que rechazó los cargos que se le imputan y acusó al Congreso de actuar en contra de la voluntad popular. «El pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron. Me están juzgando por defender el Perú profundo», ha destacado.
«Podrán inhabilitarme, pero no podrán inhabilitar la voluntad del pueblo», ha expresado el expresidente, quien ya fue inhabilitado dos años como parte de esa condena de once años y cinco meses de cárcel que se le impuso la semana pasada
Esa misma condena le fue impuesta a Chávez y Huerta. La ex primera ministras se encuentra bajo asilo en la Embajada de México en Lima, a la espera de un salvoconducto para viajar a ese país, donde se encuentra la familia de Castillo desde que se originó esta crisis hace ahora ya tres años.
Por su parte, Huerta está en libertad a la espera de que la condena sea aún ratificada en segunda instancia. AC
Europa Press
