Tal como lo han venido denunciando gremios y sindicatos de trabajadores de la administración público sobre todo educadores y trabajadores de la salud, la Ong Acceso a la Justicia coincide en que el Instructivo de la Onapre transgrede al menos seis disposiciones constitucionales.
El derecho al trabajo, el principio de la progresividad de los derechos humanos, la libertad sindical y la suficiencia del salario, detalló.
Refirió que en el numeral 1 del artículo 89 de la Constitución contempla que “ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”.
“La Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; eso es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos”, subrayó Acceso a la Justicia.
Los hechos indican que no existe un diálogo social en el país. “Desde que el chavismo llegó al poder en 1999 las autoridades han rechazado sentarse en una misma mesa con los sindicatos y gremios empresariales para discutir los aumentos salariales y otros asuntos que afectan a ambos grupos”, resaltó la ONG.
“Hasta ahora esto solo ha ocurrido en una sola ocasión, en abril pasado y a instancias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene abogando por recuperar el llamado diálogo tripartito”, añadió.
Según Acceso a la Justicia en la práctica el instructivo reescribió todas las convenciones colectivas, por lo que se desmejoraron de manera significativa los ingresos de los trabajadores del sector público. “Esto último no es poca cosa, pues el Estado es el principal empleador en Venezuela: 5.509.563 personas trabajan en algún organismo público, casi 4 millones de ellas en el sector militar”.
La ONG insistió en que la resolución es otra prueba de que la Constitución es “letra muerta” en el país, pues, pese a que prohíbe cualquier desmejora en derechos laborales, “estos son cercenados por las autoridades sin que el Poder Judicial tome cartas en el asunto”.
Por tanto, la única manera de evitar que el malestar social siga creciendo es que el Ejecutivo revoque el cuestionado instructivo de la Onapre, afirmó.
Es oportuno mencionar que los educadores han denunciado que tras aplicar el instructivo Onapre, los suelso son aplanados, entre otros beneficios que reduce en 50% el ingreso económico.
Alberto Dominguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Lara, expresó que con esa medida son afectados todos los trabajadores del sector público siendo la excepción el sector militar, manifestó.
Fuente: El Nacional
