Gustavo Petro pasó a la historia de Colombia como el primer presidente de izquierda y ahora busca un objetivo mayor: pacificar a un país convulso en el que los actores armados y las bandas criminales no permitieron que la paz fuera total ni siquiera luego de que el Estado firmó en 2016 un acuerdo con la guerrilla más antigua de Latinoamérica, las FARC.
Petro -quien le ganó en julio a conservadores y moderados con un discurso contra las élites, la violencia y a favor de los pobres- defiende la vía del diálogo porque él mismo formó parte de la guerrilla M-19 que en 1990 firmó la paz y luego avanzó en la vida civil como senador y alcalde de Bogotá.
En su corta gestión ha invertido su capital político en la llamada “paz total” con la que se propone negociar una salida al conflicto con múltiples actores armados, algunos con motivaciones políticas y otros dedicados al narcotráfico, un tema mayúsculo dado que Colombia es el mayor productor de hoja de coca en el mundo.
En pocos meses se han visto algunos avances: el Congreso aprobó una ley que sienta las bases para los acercamientos con grupos armados y se retomó la mesa de negociación con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) suspendida desde 2019. A su vez se iniciaron los diálogos con dos bandas urbanas que se disputan el microtráfico en Buenaventura, al oeste del país.
Mireia Villar Forner, coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas en Colombia, dijo a The Associated Press que la situación en el país es desigual porque hay partes que siguen muy afectadas por la violencia en las que la presión de los grupos armados ha derivado en confinamientos y desplazamientos forzados y otras más “esperanzadoras” como Buenaventura, donde lograron tres meses sin homicidios.
Para Villar es medular atender las necesidades humanitarias en paralelo a los diálogos con los grupos armados y fortalecer en los territorios la capacidad de las instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el gobierno para que lleguen los servicios de educación y salud.
Buscar la “paz total”, ha dicho el gobierno, no se limita a abrir mesas de negociación, es una política de Estado para que las comunidades históricamente afectadas por el conflicto puedan vivir dignamente. Eso implica ampliar la inversión social, para lo cual Petro impulsó una reforma fiscal que toca especialmente los bolsillos de los más adinerados y del sector de hidrocarburos, uno de los más importantes de la economía.
Aunque enfrentó críticas, la reforma fue aprobada por el Congreso con algunos cambios. Para Yann Basset, analista político y profesor de la Universidad del Rosario, eso demuestra que Petro tiene una coalición de fuerzas políticas diversas que, aunque mayoritaria, no es absoluta y que lo obliga a negociar, lo que “finalmente puede llegar a poner algunos límites al ímpetu reformista que tiene el gobierno”, señaló a AP.
Sin embargo, Basset consideró que la “paz total” es uno de los temas donde hay menos tensión en la coalición de gobierno dado que une a las fuerzas que apoyaron el acuerdo de paz con las FARC.
Petro ha enfrentado algunas protestas contra sus reformas, principalmente la fiscal, pero la oposición en el Congreso es minoritaria y la lidera el conservador Centro Democrático, el partido fundado por el poderoso expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) quien ha sido uno de los más férreos críticos de Petro. Aun así, ambos se sentaron a conversar al inicio del gobierno para abrir un canal de diálogo político.
Basset resaltó que Petro tuvo que transitar de la oposición -en la que estuvo toda su carrera política- al gobierno, por lo que aún tiende a usar la retórica como arma política, a veces con exageraciones. Pero “más allá de esa tendencia a los discursos vehementes, hemos visto también este aspecto de concertación del gobierno y la coalición que hace que se esté dando una transición”, sostuvo Basset.
El congresista opositor José Jaime Uscátegui cuestionó los pasos que ha dado Petro, desde la reforma fiscal que aseguró que puede causar “incertidumbre económica”, hasta la reanudación de la relación diplomática con Venezuela. Además consideró que el gobierno está dando beneficios al ELN sin haber recibido nada a cambio. “Es una negociación donde aplica la ley del embudo: la boca ancha para los criminales, la boca pequeña para las autoridades y la institucionalidad”, sostuvo.
La mesa de negociación con el ELN -fundado en 1964- no ha decretado un cese del fuego bilateral pero como primer resultado las partes propusieron dar “alivios humanitarios” a dos territorios en los que la población civil sufre el conflicto: Medio Calima y Medio San Juan.
Sin embargo, el ELN ordenó el 15 de diciembre un paro armado -la restricción de movimiento bajo amenaza- en las mismas zonas, lo que cuestionó su voluntad de paz. Cinco días después levantó la medida, suspendió el confinamiento de más de 9.800 personas y anunció un cese del fuego unilateral durante las festividades navideñas, lo que fue asumido por el gobierno como un “gesto de paz”.
“La ‘paz total’ es una propuesta tremendamente ambiciosa que puede ayudar a proteger los derechos humanos. Cumplirla exige método y una política seria de seguridad. Éstos son los grandes interrogantes que vemos en los primeros meses del gobierno Petro”, indicó a AP Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
La estrategia de seguridad también ha tenido cambios y ahora es prioridad “garantizar los derechos humanos”, ha explicado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien llegó al cargo sin experiencia en lo militar pero con una larga trayectoria en la investigación de la corrupción y la estructuras criminales. Petro y su ministro buscan trasformar a las fuerzas militares que tradicionalmente han tenido que combatir a los grupos armados y muchos de cuyos miembros han cometido violaciones a los derechos humanos.
El cambio también incluye la estrategia antinarcóticos. Petro ha dicho públicamente que la lucha contra las drogas -en la que Estados Unidos ha invertido millonarios recursos en Colombia- ha “fracasado”, por lo que actualmente ambos gobiernos sostienen conversaciones para eventuales modificaciones en temas álgidos como la extradición. Petro propone que los narcos que estén dispuestos a contribuir con la paz no sean extraditados a menos que reincidan.
Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, indicó a AP que los dos gobiernos coinciden en áreas como perseguir el lavado de activos, pero la parte más difícil es la política de erradicación forzada de cultivos de coca que Petro quiere reducir al máximo, mientras Estados Unidos preferiría que fuera gradual y suplida con otra estrategia para reducir la oferta de cocaína que entra a su país.
AP
