“El abogado venezolano debe convertirse en un pilar de la defensa de los derechos humanos, máxime en estos momentos tan difíciles que está viviendo el país, y cuando pareciera que las instituciones no existieran”.
La anterior aseveración partió de la doctora Nancy Rodríguez de Rodríguez, presidenta de una de las “dos” juntas directivas “interinas” actualmente latentes en el Colegio de Abogados del Estado Lara (CAEL).
La doctora Rodríguez ofreció declaraciones a este medio de comunicación social, tras haber concluido, cerca del mediodía de este miércoles 10 de agosto, el acto de juramentación y de recibimiento a nuevos profesionales del derecho en esta entidad federal, acto que ella misma presidió.
Le acompañaron igualmente en esta actividad algunos de los otros miembros directivos, específicamente Pablo Espinal, vicepresidente; María Auxiliadora Álvarez, tesorera, y Ricardo Civiletto, secretario.
¿Podría explicar usted más ampliamente lo de “la defensa de los derechos humanos”?
–Bueno, yo pudiera extenderme más en esa materia, pero eso prácticamente implicaría entrar en el tema político, y no quiero que parezca que quiero aprovechar la oportunidad de un acto que es meramente institucional, para incursionar en esa materia, pero, obviamente, aquí todo el mundo sabe cómo estamos en Venezuela con relación a los derechos humanos.
–En otra oportunidad, con mucho gusto, yo puedo profundizar sin limitaciones en esa materia.
Más adelante, la letrada aseguró que, “con la incorporación de estos nuevos juristas, evidentemente, nuestro gremio se verá más fortalecido, por cuanto se trata mayoritariamente de colegas que vienen con ganas de ser buenos profesionales y de cumplir, como lo han jurado, con lo previsto en el Código de Ética del abogado”.
-Y, gremial y jurídicamente hablando, debo recordarles a estos nuevos abogados que se incorporen a ser parte de nuestro sistema de justicia, que ellos ya están capacitados, no sólo para hacer los aportes correspondientes.
–Es que también tienen todo el derecho de acudir sin limitación alguna ante cualquier organismo público para asistir a los ciudadanos, o para representarlos, en razón de lo cual no puede ningún funcionario, del rango que sea, impedir el acceso de algún jurista a sus respectivos despachos.
Reinaldo Gómez
Gráficas: Cortesía
