Las autoridades venezolanas liberaron el viernes a cuatro jóvenes estudiantes y militantes del partido opositor Voluntad Popular (VP), que fueron detenidos tras pintar grafitis en una avenida de Caracas luego de participar en una protesta pacífica en conmemoración de la muerte de un joven que se convirtió en ícono de las protestas antigubernamentales de 2017.
“Acaban de ser liberados los activistas de Voluntad Popular. Nuestro anhelo y más enfática exigencia es que la preservación de memoria nunca vuelva a ser criminalizada”, informó la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón en sus redes sociales (JEP).
En otro tuit la JEP precisó que se trata de libertad bajo medidas sustitutivas.
Como suele ocurrir en Venezuela en los casos vinculados con la pugna política, el proceso quedó abierto, lo que implica que existe la posibilidad de ser arrestados nuevamente y que se restringen las libertades de los afectados por tiempo indeterminado. Entre otras cosas, no tienen permitido hablar de su caso con la prensa.
El Ministerio Público no ha informado oficialmente sobre el caso y no respondió de inmediato a una solicitud previa de comentario de The Associated Press.
Horas antes, decenas de personas protestaron frente al Palacio de Justicia de Venezuela para exigir que fuesen liberados
Portando banderas venezolanas y pancartas de apoyo en las que se podía leer “¡Liberen a los 4 de VP, la protesta pacífica no es delito!”, familiares de los detenidos exigieron su pronta liberación.
Los detenidos identificados como Luis Martínez, Carlos Maneiro, Jholbert Godoy y Argelis Rovaina fueron capturados el 7 de junio después de una protesta pacífica en homenaje al quinto aniversario de la muerte de Neomar Lander, de 17 años, quien según las autoridades acudía con frecuencia a las protestas para forzar la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Lander falleció en una avenida de Caracas como consecuencia de una ruptura del pulmón izquierdo.
Las autoridades venezolanas dijeron entonces que falleció cuando supuestamente manipulaba un explosivo de fabricación casera, pero familiares y voceros de la oposición sostienen que murió al ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena lanzada por los cuerpos de seguridad. Su muerte conmovió a muchos y se convirtió en uno de los íconos de las protestas que ocurrieron entre abril y julio de 2017, dejando al menos 120 fallecidos.
Los detenidos fueron interceptados por la policía del municipio capitalino de Chacao. Luego de su detención en una sede de la policía municipal, funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional pidieron su entrega y los trasladaron a un lugar de detención donde permanecieron incomunicados casi dos días.
El jueves otros cinco detenidos —que fueron capturados en paralelo mientras viajaban en transporte colectivo con un par de militantes de VP—fueron liberados tras permanecer en una de las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), informó la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón en sus redes sociales.
La abogada y exlegisladora opositora Delsa Solorzano indicó que la Fiscalía pidió que se les imputarán los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública. Se esperaba que el viernes el Tribunal Primero de Control de Caracas decidiese si admitía los cargos e imponía o no una medida privativa de libertad. De momento se desconocen detalles del dictamen.
En noviembre de 2017, la entonces Asamblea Constituyente –integrada en su totalidad por aliados de Maduro– aprobó una ley que restringe a los medios de comunicación y fija severas sanciones a cualquier persona que promueva delitos de odio e intolerancia en el país. La llamada “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” fue solicitada por el mandatario venezolano para poner fin a los supuestos mensajes de odio, guerra, intolerancia y racismo que presuntamente esgrimen los adversarios del gobierno.
Maduro sostenía que ese tipo de mensajes desencadenaron las protestas antigubernamentales de 2017. Partidos opositores, empero, afirman que la ley busca criminalizar la protesta pacífica. La legislación no hace distinciones entre individuos, grupos de personas, medios de comunicación, representantes jurídicos de redes sociales y diversas organizaciones, mientras las sanciones contemplan penas de 10 a 20 años de cárcel. AP
