El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió hoy un informe sobre la situación en Nicaragua en el que denunció nuevamente el maltrato a los detenidos en ese país, en especial aquellos relacionados con las protestas de 2018 y el proceso electoral de 2021, marcado por la violencia.
El informe se hizo eco de anteriores denuncias por parte de Naciones Unidas según las cuales se usó fuerza letal contra manifestantes pacíficos en 2018 y 2021, cuando fueron detenidas arbitrariamente entre 170 y 190 personas por razones políticas y también hubo acusaciones de torturas y desapariciones forzadas.
El documento aseguró haber constatado que en algunas detenciones se sometió al detenido a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, mientras se llevaron a cabo interrogatorios sin presencia de abogados en los que en ocasiones hubo palizas, amenazas y privación de sueño, negando después el acceso a servicios médicos.
Los abusos se cometen en un régimen de «total ausencia de separación de poderes en el Estado» destinado a «usar el derecho penal para criminalizar la disidencia, vulnerar las garantías procesales y contribuir a la impunidad», afirmó el texto del comité.
Asimismo el comité expresa su preocupación por otras denuncias de tortura y malos tratos en centros penitenciarios y comisarías, sin seguimiento por parte de las autoridades a las denuncias presentadas en este sentido, que sumaron más de 12.000 entre 2005 y 2018.
Se citan particularmente graves situaciones para prisioneros en instituciones penitenciarias como La Modelo y La Esperanza en Tipitapa, así como para los detenidos en los centros «El Chipote» y «Nuevo Chipote» de Managua.
El comité suma a estas denuncias ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales, representantes de confesiones religiosas y miembros de la oposición, una represión que ha contribuido «a un éxodo de más de 150.000 personas a la vecina Costa Rica» mientras otros tratan de llegar a Estados Unidos.
El informe se emitió tras la segunda revisión periódica de la situación de Nicaragua el pasado 14 de julio, durante una sesión a la que se negaron a asistir delegados nicaragüenses.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua había enviado previamente una misiva en la que afirmó que ciertas cuestiones dirigidas a las autoridades nacionales por el comité constituían «viles ataques contra el Estado», por lo que calificó al organismo de «cámara de eco de la retórica imperialista».
La respuesta de las autoridades nicaragüenses al comité «mostró una profunda falta de conocimiento de la Convención de la ONU contra la Tortura y de nuestros métodos de trabajo», aseguró al respecto el presidente del organismo, Claude Heller.
