Carlos Giménez, directivo de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación, Fetrasined – Lara sostiene que cualquier incremento salarial que se produzca en el país debe ser ejecutado en dólares (efectivos o digitales). Según el dirigente, esta es la única vía real para recuperar la capacidad adquisitiva y el ahorro de la masa laboral.
Giménez evitó mencionar una cifra exacta, calificándola como una elucubración; no obstante, recordó que la referencia obligatoria es el artículo 91 de la Constitución, el cual ordena un salario suficiente para vivir con dignidad.
Respecto a la propuesta gubernamental de una “constituyente sindical”, el dirigente fue tajante: la prioridad debe ser la derogación del memorando 2792 para restituir los derechos conculcados a los trabajadores. “Ese debe ser el norte; cualquier medida que ratifique ese memorando sería un fraude para el sector laboral”, sentenció.
Giménez también se pronunció sobre la sugerencia de revisar y modificar el sistema de prestaciones manifestada por juristas, empresario y sectores políticos de diversas tendencias, lo que -a su juicio- es preocupante.
“Las prestaciones sociales son el máximo capital de los trabajadores y no estamos dispuestos a renunciar a ese derecho”, enfatizó, advirtiendo que en estas discusiones no se están tomando en cuenta los verdaderos intereses del trabajador.
El drama de los jubilados
“Fue una estafa” Finalmente, el vocero de Fetrasined denunció el daño económico sufrido por quienes fueron jubilados entre 2024 y 2025. Calificó el proceso como una “estafa”, relatando su caso personal: tras ser jubilado en 2024, recibió en diciembre reciente apenas el equivalente a 168 dólares por 28 años de servicio.
“La inmensa mayoría cobró apenas 120 dólares; algunos incluso lloraron de impotencia”, comentó. Giménez explicó que, al menos, se debieron realizar los cálculos basados en la tasa de cambio vigente al momento de la resolución, como dicta la ley, lo que habría mitigado ligeramente el impacto de la devaluación. ac
