El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha designado como «inelegibles» para ingresar a su territorio al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, citando su implicación en «significativa corrupción» durante su tiempo en el poder.
Según el comunicado oficial del Departamento de Estado, Correa y Glas abusaron de sus cargos como presidente y vicepresidente de Ecuador al aceptar sobornos, incluidas contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Esta medida se realiza bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024.
La prohibición no solo afecta a Correa y Glas, sino también a sus familiares directos. La esposa de Correa, Anne Malherbe Gosselin, sus hijas Sofía Correa y Anne Dominique Correa, y su hijo Rafael Miguel Correa han sido igualmente designados como inelegibles para ingresar a los Estados Unidos. De igual manera, la esposa de Jorge Glas, Cinthia Díaz Aveiga, y su hijo Jorge Glas Díaz, también han sido incluidos en esta restricción migratoria.
El comunicado enfatiza que Estados Unidos apoya al pueblo ecuatoriano, incluyendo a la sociedad civil, las fuerzas del orden y los periodistas de investigación que buscan aumentar la transparencia en el gobierno y responsabilizar a los funcionarios corruptos. Esta designación reafirma el compromiso de EE.UU. con la lucha contra la corrupción a nivel global, incluso en las más altas esferas del poder.
La prohibición llega en un contexto donde ambos exfuncionarios ya enfrentan procesos judiciales por corrupción en Ecuador. Correa reside actualmente en Bélgica tras su condena por cohecho en el caso «Sobornos 2012-2016», mientras que Jorge Glas se encuentra detenido en su país.
El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Art Brown, se pronunció en su cuenta de X (anteriormente Twitter), indicando que Correa y Glas «abusaron de sus posiciones» aceptando sobornos y reiterando que nadie está por encima de la ley.
Por su parte, Aitor Martínez, abogado defensor de Correa y Glas, ha calificado esta designación como una medida política, asegurando que afecta injustamente a los familiares de ambos exfuncionarios, quienes no enfrentan condenas legales. Además, señaló que esta acción busca influir en la política ecuatoriana.