El expresidente peruano Pedro Castillo, quien la víspera disolvió ilegalmente el Congreso y fue destituido, permanecía el jueves en una gigantesca sede policial que tiene en su interior una cárcel donde también está preso el exmandatario Alberto Fujimori, quien cerró el Parlamento en 1992.
En el interior de la sede se realizó una audiencia virtual en la que la Fiscalía pidió al juez Juan Checkley siete días de detención para Castillo mientras es investigado por rebelión, delito que es penado con hasta 20 años de cárcel. El juez indicó que analizará el pedido pero dijo cuándo comunicará su decisión.
Castillo casi no habló y respondió con monosílabos y la voz quebrada las preguntas del juez. Vestía una chamarra azul y camiseta oscura, la misma ropa con la que fue detenido la víspera. Lo acompañaban su ex primer ministro, el catedrático de leyes Aníbal Torres, y Víctor Pérez, quienes son sus abogados.
El fiscal Marco Huamán indicó que existía peligro de fuga y añadió que la víspera Castillo se dirigía a la embajada de México en Lima para asilarse y escapar de Perú.
El presidente mexicano Andrés López Obrador confirmó el jueves que Castillo buscó ir hacia la sede diplomática de su país en Lima. “Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono, que iba a solicitar el asilo, que si le abrían la puerta», relató durante su conferencia matutina diaria.
El líder mexicano añadió que buscó a su canciller Marcelo Ebrard para que ordenara al embajador en Lima “que le abrieran la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo, pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos” y a él lo detuvieron de inmediato.
La mayoría de los presidentes que gobernaron Perú en las últimas décadas tienen cuentas pendientes con la justicia por presunta corrupción: Alejandro Toledo (2001-2006) está bajo arresto domiciliario en Estados Unidos a la espera de extradición; Alan García, quien gobernó entre 1985 y 1990 y luego entre 2006 y 2011, se suicidó en 2019 pocos minutos antes de ser detenido mientras era investigado por los presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) también fue sometido a cárcel domiciliaria y Ollanta Humala (2011-2016) cumplió prisión preventiva y está enjuiciado por lavado de activos.
Cuando en junio en una entrevista en la televisión pública le preguntaron si tenía miedo de ir a prisión, Castillo aseguró que él sería la excepción. “Estoy seguro de que a partir de este gobierno ya no van a haber gobiernos que terminen detrás de las rejas”.
Pero la víspera la televisión pública mostró al exmandatario esposado subiendo a un helicóptero rumbo a la sede policial ubicada en el este de Lima.
De acuerdo con la ley Castillo no puede ser ingresado a una cárcel porque aún no hay una orden judicial que lo indique.
La prisión de presidentes es diferente al resto de las cárceles del país, usualmente hacinadas de presos comunes. Hasta ahora esta cárcel tiene un solo recluso desde 2007, Fujimori, condenado a 25 años por corrupción y por su responsabilidad en 25 asesinatos ocurridos durante su gobierno (1990-2000).
La cárcel de 10.000 metros cuadrados tiene varias celdas. La única ocupada es la de Fujimori que cuenta con la habitación donde duerme, un cuarto para recibir visitas, un baño completo, un cuarto para las clases de pintura y una sala de estar. Hay otra celda, ahora vacía, que fue usada durante casi un año entre 2017 y 2018 por Humala.
Hasta la sede policial llegaron el jueves varios congresistas cercanos a Castillo. El legislador Pasión Dávila, quien lo visitó temprano, dijo brevemente que el exmandatario “está bien de salud, está tranquilo, está lucido”. Agregó que evalúan diferentes opciones, incluido un “posible asilo” para el ahora expresidente, aunque no dio más detalles.
El miércoles y en apenas tres horas Castillo pasó de decretar la disolución del Congreso de Perú a ser sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien tras jurar como mandataria pidió una tregua política a los legisladores y dijo que completará el mandato hasta 2026.
El Congreso, la institución más impopular en Perú, lo destituyó por “permanente incapacidad moral”. Era el tercer intento para removerlo en casi 17 meses de gobierno por la misma causal establecida en la constitución que según expertos carece de una definición objetiva y que el Congreso ha utilizado más de media docena de veces desde 2017 para tratar de destituir presidentes.
Antes, en un inusual mensaje por la televisión estatal, Castillo había anunciado la disolución del Congreso e indicado que se elegirían nuevos legisladores y se redactaría una nueva constitución, una maniobra inconstitucional, según los expertos. Para que un mandatario pueda cerrar el Parlamento se necesita que el Congreso haya censurado a dos gabinetes, lo cual no había ocurrido.
El mensaje televisado de Castillo recordó a muchos peruanos el “autogolpe” de 1992 encabezado por el entonces presidente Fujimori, con la diferencia de que en esta ocasión Castillo no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional y varios de sus ministros dimitieron inmediatamente.
La hasta entonces vicepresidenta Boluarte afirmó que la medida sólo contribuía a agravar la crisis política del país y la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo calificaron la decisión de “golpe de Estado”.
Las cámaras de la televisión pública mostraron a Castillo saliendo con rapidez del Palacio Presidencial en un automóvil junto a su escolta con rumbo desconocido en medio del congestionado tráfico de Lima que hizo que el vehículo avanzara lentamente.
Videos mostraron cómo su auto fue detenido a unas pocas cuadras del Palacio Presidencial por un grupo de policías armados con fusiles y conducido a una dependencia policial del centro histórico de Lima donde la Defensoría del Pueblo confirmó que su ex primer ministro, Aníbal Torres, se había convertido en su abogado.
Varios países criticaron la decisión de Castillo de disolver el Congreso, incluido Estados Unidos. El jueves el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el «intento de subvertir el orden democrático” y llamó “a las partes a respetar el Estado de derecho, así como a permanecer serenos y abstenerse de inflamar tensiones políticas”.
En contrapartida, el mandatario mexicano y el de Bolivia, Luis Arce, lamentaron lo sucedido con Castillo.
El presidente boliviano dijo la víspera que desde un inicio la derecha peruana intentó derrocar a “un gobierno democráticamente electo por el pueblo» y que “el constante hostigamiento de élites antidemocráticas contra gobiernos progresistas, populares y legítimamente constituidos debe ser condenado por todas y todos”.
En tanto, López Obrador calificó de “golpe blando” la destitución de Castillo y dijo que México esperará “unos días” para estudiar si reconoce o no a la nueva mandataria Boluarte.
Las palabras del mexicano contrastaron con el posicionamiento de uno de los políticos que López Obrador siempre elogia, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente electo de Brasil lamentó “que un presidente elegido democráticamente corra esta suerte” pero dijo entender “que todo se llevó a cabo dentro del marco constitucional”. Además, deseó a Boluarte “éxito en su tarea de reconciliar al país y conducirlo por la senda del desarrollo y la paz social”.
