Al menos cinco miembros de la Iglesia Católica han sido acusados por estar implicados en casos de abuso sexual en el estado Táchira, incluso uno de los casos más recientes resultó con la detención del sacerdote Nepomuceno Hernández el pasado 13 de agosto.
El presbítero presuntamente fue acusado de cometer actos lascivos a una menor de 13 años en la parroquia del sector de La Ermita del municipio San Cristóbal en la entidad tachirense.
Ha usado la frase «no fui yo, estaba poseído por el demonio», intentó disculparse al momento de ser capturado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
Uno de los casos incluye a uno que era un pastor de una iglesia evangélica y cuatro de la católica, de estos últimos dos fueron asesinados por sus víctimas.
Raiza Ramírez, la coordinadora regional del Observatorio Venezolano de Prisiones, precisó que por ser miembros de la comunidad eclesiástica no quedan excluidos de penas, y por lo tanto serán juzgados en tribunales de competencia ordinaria o violencia de género.
Recordó que las leyes venezolanas rezan que la violencia en un niño, niña y adolescente es un delito atroz, que viola derechos humanos, así no sean cometidos por el Estado.
«Por lo tanto los jueces no pueden conceder medidas cautelares ni beneficios procesales en caso de violencia sexual hacia ellos, y menos si son menores de 13 años, ya que estas personas se consideran sujetos vulnerables, que no cuentan con la capacidad para defenderse ante el agresor», explicó Ramírez.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, las penas van desde 10 hasta 15 años, mientras que en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre 12 a 25 años.
Pero esto no parece ser suficiente, porque a nivel nacional se cuentan con más de 10 casos de abuso sexual infantil desde el 2001 hasta el 2022, cuyos victimarios recibieron el beneficio de casa por cárcel. Del número total, a tres de ellos se les permitió volver a formar parte de la Iglesia.
CONFERENCIA EPISCOPAL PIDE PERDÓN
La Conferencia Episcopal Venezolana pidió perdón por los hechos y aseguró que cada caso no es competencia de este organismo, sino de los obispos de cada estado del país. No se oponen a las actuaciones de los organismos de justicia, y afirmó mantener la colaboración tanto para los entes competentes como para los afectados.
La CEV a través de un comunicado emitido el pasado mes de julio informó que por respeto a las víctimas el número de casos se mantendría «en confidencialidad», porque el episcopado realizaría un estudio sobre cada uno de los casos.
Noticias Al Día
Conferencia Episcopal Venezolana pidió perdón
