Allegados de los 12 trabajadores sanitarios recluidos en el Centro Penitenciario David Viloria, en Uribana, denunciaron este jueves una nueva paralización de su proceso legal. Por tercera ocasión consecutiva, el grupo fue trasladado al circuito judicial de Barquisimeto solo para ser devueltos a sus celdas sin que se concretara la apertura del juicio. Los familiares señalaron que, tras la recusación de una jueza anterior por dejar en indefensión a los acusados, el sistema sigue dilatando el caso, afectando a empleados con hasta 31 años de servicio en el Hospital Antonio María Pineda que hoy son tratados como delincuentes comunes.
En medio de la desesperación, los parientes exigieron al presidente del circuito penal, Dr. Fernando Márquez, que aclare por qué no se han procesado las nueve apelaciones que reposan en la corte. Denunciaron que el expediente está lleno de inconsistencias, como el caso de un trabajador que apenas llevaba dos meses a prueba o el de una empleada detenida mientras entregaba un reposo médico. Afirman que no existen pruebas que los vinculen con los delitos imputados y que la etiqueta de «médicos» impuesta por las autoridades es falsa, ya que en su mayoría se trata de personal administrativo y de almacén.
El deterioro físico y emocional de los detenidos es evidente tras meses de encierro sin atención médica adecuada. Sus seres queridos describieron con dolor cómo son trasladados encadenados, a pesar de sus complicaciones de salud y su hoja de vida intachable en el sector público. Hacen un llamado urgente a que se realice una audiencia preliminar transparente donde se demuestre la inocencia de este grupo, asegurando que la justicia en Lara se ha convertido en un laberinto de retrasos que solo castiga a trabajadores humildes y enferma a sus familias.
