La Asamblea Nacional de Venezuela busca aprobar el proyecto de Ley de Amnistía 2026, fundamentada en el artículo 187, numeral 5, de la Constitución.
¿El objetivo declarado? Supuestamente el de promover la convivencia y la paz entre los venezolanos.
El proyecto, compuesto por trece artículos –reseña el portal «Versión Final»–, establece en su exposición de motivos que la amnistía busca la «reconciliación nacional, la convivencia democrática y la paz social».
Pero hay fisuras que ya están denunciando expertos en leyes, más allá de las expectativas centradas en las excarcelaciones, quienes advierten que la iniciativa carece de mecanismos de verdad, reparación y garantías de no repetición, elementos esenciales en procesos de justicia transicional, lo que podría limitar su impacto social real.
El artículo 6 define como amnistiables hechos violentos cometidos entre 1999 y 2026, sin exigir proporcionalidad entre el delito y su motivación política, lo que podría generar amnistías selectivas o politizadas, advierten los críticos.
Por su parte, el artículo 8 establece la extinción automática de todas las acciones penales, administrativas, disciplinarias y civiles, incluyendo autores y partícipes, lo que podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y la separación de poderes.
El proyecto también confiere al Poder Judicial la implementación de la ley (artículos 9 y 12) y permite la supresión de registros y antecedentes (artículo 11), una medida que especialistas consideran que puede afectar la memoria histórica y limitar investigaciones futuras.
«Amnistia 2026, la paz sin justicia»
Así lo ha señalado el doctor Adriano Ruiz Guillén, perseguido político venezolano en el exilio y autor del análisis del proyecto denominado: «Amnistía 2026, la paz sin justicia», que sostiene que la ley configura una amnistía amplia y automática, pero con escasos contrapesos institucionales y con una débil consideración de los derechos de las víctimas.
Según Ruiz Guillén, la iniciativa representa una «paz sin justicia», ya que no cuestiona ni modifica las estructuras estatales responsables de la represión, ni garantiza una reparación integral.
Además, la ley no anula el entramado de leyes represivas vigentes ni desmantela los aparatos estatales que han criminalizado la protesta, lo que deja abiertas las herramientas jurídicas para futuras detenciones de movimientos sociales, sindicales o populares.
Delsa Solórzano, abogada y dirigente política; A la medida del chavismo
Delsa Solórzano, abogada, política y exdiputada de la Asamblea Nacional por la oposición, también ha sumado argumentos contra una amnistía que, en parte, ha sido una orden desde Washington, desde donde se ejerce un tutelaje para la transición en Venezuela, pero que el chavismo trata de diseñar, en varios tramos, a su medida.
La también dirigente opositora del partido Encuentro Ciudadano ha señalado que el proyecto es insuficiente y perjudicial, porque limita la amnistía a hechos específicos, condiciona la libertad al sistema judicial que tanto ha perseguido a los disidentes, y no garantiza el regreso seguro de los exiliados ni la derogación del marco represivo que permitió persecuciones políticas.
Jorge Rodríguez también ha lanzado sus «dardos»
Y su enfoque calza con la propuesta del propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien ya advirtió que los venezolanos que decidieron emigrar y solicitar asilo o el estatus de protección temporal (TPS) en los Estados Unidos, no podrían entrar en el plan de la amnistía si resultan deportados de Venezuela por el gobierno de Donald Trump.
Por si fuera poco, Rodríguez aseguró que el proceso excluye a quienes el régimen considere responsables de «traición» o «crímenes contra la paz».
Dijo que él mismo tuvo acceso a planillas que rellenaron venezolanos en su búsqueda de protección en Norteamérica:
«Hay hasta una planilla donde dicen: ‘Soy perseguido político del régimen de Nicolás Maduro’. Yo he visto esa planilla», apuntó (RG).
