El ministro de Gobierno de Ecuador dijo este miércoles 22 de junio, que las autoridades no aceptan las condiciones impuestas por el sector indígena como requisito para iniciar diálogos encaminados a buscar una salida pacífica a las protestas que ya llevan 10 días y se han tornado violentas.

El líder indígena Leonidas Iza, al frente de cientos de manifestantes, dijo: “siempre hemos tenido apertura al diálogo, pero hemos dicho que los diálogos no pueden ser para burlarse del pueblo ecuatoriano” y advirtió: “ya no tenemos condiciones para seguir sobreviviendo, ni siquiera viviendo, por lo cual nos pareció trasladarnos a Quito, frente a los oídos sordos del gobierno”.

“Venimos por los 10 puntos y regresaremos con esos 10 puntos”, aseveró, en referencia a una demanda que incluye la reducción del precio de la gasolina de 2,55 a 2,10 dólares por galón, la fijación de precios de los productos agropecuarios y presupuesto para educación intercultural, entre otros.

La noche del martes, Iza exigió al gobierno que previo a un diálogo elimine el estado de excepción en seis provincias -donde se han registrado los mayores hechos de violencia-, que desmilitarice y elimine la dotación policial alrededor de los sitios donde se encuentran en la capital y que les permitan llegar al parque de El Arbolito y la vecina Casa de la Cultura para concentrarse y mantener asambleas.

Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó el miércoles su nivel de alerta para viajar a Ecuador y advirtió a los estadounidenses que reconsideren ir a ese país debido a los disturbios y la violencia delincuencial.

Mientras tanto, la Fiscalía denunció por la tarde que su edificio matriz se encontraba nuevamente bajo ataque de los manifestantes pese a los esfuerzos de la policía por contenerlos. Aseguró que varias personas irrumpieron en el edificio y sustrajeron documentos que quemaron en la vía pública.

En octubre del 2019, cuando se produjeron violentas protestas indígenas, se registraron saqueos, violencia contra bienes públicos y privados y el incendio del edificio de la Contraloría, donde se destruyeron gran cantidad de documentos, muchos de ellos relacionados con procesos de investigación de corrupción durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) .

La capital se mantuvo virtualmente paralizada, con muy poco tráfico y buena parte del comercio cerrado.

Fuente: AP