La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó de la “persistencia” de riesgos para el libre ejercicio electoral en los procesos previstos a lo largo de 2026 en el país, dado el “afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales” con grupos criminales que “suplantan” funciones del Estado, regulan campañas y “vetan” candidaturas en diversas regiones.
“El riesgo no es la cancelación de las votaciones sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, subrayó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral (ATE) que fue emitida el pasado octubre.
Entre los principales grupos identificados como fuentes de amenaza, la entidad apuntó al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las extintas Farc, el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) o la Segunda Marquetalia, entre otros.
Concretamente, los ciudadanos colombianos están llamados a las urnas el próximo 8 de marzo para elegir a los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, a la par que se realizarán las consultas internas para definir a los candidatos presidenciales que se medirán en una primera vuelta prevista para el 31 de mayo.
Europa Press
