En la práctica, la suspensión de sueldo es un despido indirecto disfrazado bajo el término de cambio en la modalidad de pago, así como una de las mayores violaciones a los derechos laborales, denunció Romel Escalona, presidente del Sindicato de Profesionales y Técnicos (Sinprotec) del estado Lara y miembro de la coalición sindical
Recientemente, le suspendieron el sueldo a poco más de 500 obreros entre ellos madres en período pre y postnatal. A esto se suma que, en meses anteriores, también fueron afectados de manera similar 4.000 docentes en el país, sin recibir retroactivamente los bonos asignados a través del Sistema Patria.
“Solicitamos nuevamente la intervención del inspector de trabajo con el propósito de garantizar la restitución de los derechos de los trabajadores”, añadió el dirigente sindical.
Asimismo, considera que es un atropello contra los trabajadores que durante cuatro años, no se haya debatido la convención colectiva ni incrementado el salario mínimo. Como resultado, los montos que se están pagando por concepto de prestaciones sociales son írritas. Por ejemplo, hay quienes, tras 25 años de servicio, reciben menos de 300 dólares, señaló.
Asimismo, el aguinaldo que además es pagado en cuatro partes, y en los dos primeros pagos apenas les han depositado 1000 bolívares.
Considera que en un sistema donde se discutan las contrataciones colectivas los montos por lo conceptos de salario, prestaciones sociales y utilidades serían otros. Inclusive la deuda del 280 % por incrementos salarial pendiente desde 2018. A eso se suma, la retención desde hace cuatro años del pago de las primas por ruralidad y profesionalización.
Aunado a la pérdida de meritocracia para acceder a cargos de dirección, subdirección y coordinaciones de acuerdo con el reglamento del Ejercicio y la profesión docente. No existe meritocracia en el Ministerio de Educación, cuestionó
Lucha constante en Lara
Desde el estado Lara, la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación ha sido constante, destaca Escalona. La coalición sindical ha agotado todas las vías disponibles, y en este marco han presentado ante la Inspectoría del Trabajo y el Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa (CDCE) documentos que exigen el cumplimiento de la convención colectiva. Entre sus demandas se incluyen el funcionamiento adecuado del Ipasme, la participación efectiva en las asambleas y en el Comité de Seguimiento y Evaluación de la Convención Colectiva, establecida en cláusulas contractuales.
Volvemos a instar, como se ha hecho semanalmente por oficio, al director del CDCE, Eleamer Elkatrib, a que convoque a las organizaciones sindicales a la reunión estipulada en la convención colectiva. Esto permitirá alcanzar acuerdos y evaluar el cumplimiento de la segunda contrato colectiva, reafirmando que somos gente “de diálogo”.
La presión generada por la situación salarial es evidente, sumada además a los presuntos casos de acoso registrados en las instituciones educativas, así como a los problemas relacionados con la infraestructura y la insuficiencia o el deficiente estado de los servicios básicos, es un panorama que ”necesita diálogo y sobre todo acciones”, resaltó. AC
