El presidente del Sindicato de Obreros Educacionales del Estado Lara (SOIE), Naudy Torres, manifiesta su rechazo frente al término de abandono de cargo que se busca imponer a un grupo de trabajadores del sector educativo, a quienes se les suspendió su salario.
Según Torres, esta decisión se ha tomado sin seguir el procedimiento correspondiente ante la Inspectoría del Trabajo. Afirma además que la medida ha sido aplicada pese a que los afectados cuentan con certificaciones emitidas por los directivos de las instituciones educativas, quienes avalan que dichos empleados están desempeñando sus funciones debidamente.
En una entrevista con El Informador Venezuela, se informó que este miércoles los trabajadores se reunieron en el edificio Buría, sede del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), para exigir explicaciones sobre las restricciones aplicadas a los empleados que aún están activos. Según el patrono, dichas medidas se deben a que el formulario 14-08 del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) había expirado.
No obstante, según el dirigente sindical, este documento caducó mientras los trabajadores aguardaban la visita de una comisión evaluadora proveniente de Caracas, la cual, hasta la fecha, no se ha presentado en Barquisimeto.
Llamado al inspector del trabajo
Asimismo, cuestiona que se utilice el término «despido» sin que se haya seguido el correspondiente procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo. En este sentido, insta al ciudadano inspector del trabajo a tomar una postura al respecto. Han pasado ya cuatro meses desde que los trabajadores se presentaron de manera formal, y aún el empleador no ha sido citado por la Inspectoría, lamenta.
Se trata de un grupo de 175 trabajadores enfrenta una situación compleja: a algunos se les ha restituido el salario, pero otros aún no han recibido este beneficio. Entre los afectados se encuentra Yaquelín Rodríguez, directiva del SOIE, a quien no se le ha respetado el fuero sindical que le otorga la ley, a pesar de haber presentado todos los requisitos correspondientes ante el Ministerio del Trabajo.
Mientras tanto, persiste un silencio administrativo, y en el CDCE se están efectuando despidos de empleados. Además, varios directores de planteles están ejerciendo presión sobre los obreros mediante amenazas de despido, generando un ambiente laboral de tensión e incertidumbre.
“Hay trabajadores que, durante cuatro o cinco años, han desempeñado labores de portero o mensajero y, debido a la necesidad de la escuela de contar con un aseador, terminan cubriendo esa función. Esto se hace ignorando el manual de cargos y funciones, también conocido como tabulador», señala.
Exhorto a Elkatrib: atienda a los sindicatos
Torres reiteró su solicitud al secretario del CDCE, Eleamer Elkatrib, para que se disponga a recibir a las organizaciones sindicales y brinde una respuesta al respecto. Esto surge porque las órdenes se emiten desde Lara, a pesar de que los trabajadores han presentado todos los documentos requeridos por su despacho.
Hasta el momento, Duri Rodríguez y Wilfredo Rodríguez, del departamento de Recursos Humanos, han sido las únicas autoridades que han afrontado la situación. No obstante, se recalca que la respuesta debe provenir de Eleamer Elkatrib, ya que es la máxima autoridad en materia educativa del estado Lara.
Para concluir, el dirigente sindical volvió a condenar la suspensión de salarios, señalando que recientemente se les retuvo el pago a 328 trabajadores del sector educativo, incluyendo obreros, docentes y personal administrativo. Con esta cifra, el número total de afectados ya supera las 500 personas., dijo. AC
