Un juez ordenó el martes que el destituido presidente peruano Pedro Castillo continúe detenido, rechazando su apelación mientras las autoridades continúan conformando un caso por rebelión en su contra.
La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, podría atizar aún más las violentas protestas que se registran en distintos puntos del país, en donde la población ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.
El anuncio de Castillo del miércoles pasado en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial no fue “un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos”, subrayó el juez.
En los próximos días, la fiscalía planea solicitar que Castillo continúe detenido hasta por tres años.
Horas antes, Castillo declaró en su audiencia que había sido detenido «injusta y arbitrariamente”, y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.
El juez señaló que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México para pedir asilo. Fue detenido poco después de que fuera destituido por los legisladores luego de que intentara disolver al Congreso antes de un voto de revocación.
“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, declaró Castillo. Posteriormente, en aparente referencia a las violentas protestas a causa de su detención, instó a la policía nacional y a las fuerzas armadas a que «depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.
Las manifestaciones han sido particularmente violentas afuera de la capital Lima. La Defensoría del Pueblo de Perú redujo el martes a seis el número de personas que han muerto en las protestas que comenzaron el miércoles. La oficina dijo en un comunicado que eliminó a una persona de la lista después de que la agencia nacional de registro civil determinara que dicha persona “no existe”.
Todos los decesos se han producido en comunidades rurales empobrecidas, que son bastiones de Castillo, un neófito político y exprofesor de raíces campesinas. Cuatro de ellos se registraron en Andahuaylas, una remota comunidad rural andina donde los pobres han batallado durante años y donde los votantes apoyaron abrumadoramente a Castillo en la segunda vuelta electoral del año pasado, la cual ganó por 44.000 votos.
Muchos negocios de esa comunidad permanecieron cerrados el martes, luego de que se bloqueó el tránsito en las calles con neumáticos quemados, rocas y ramas de árboles. Unas 3.000 personas, incluidos profesores y campesinos de localidades cercanas, volvieron a marchar para demandar la renuncia de Boluarte.
Un grupo más reducido acompañó el féretro de un manifestante que falleció el lunes por una aparente herida de bala.
Vilma Zúñiga, propietaria de una tienda de zapatos, colocó un letrero en el que criticaba al Congreso y exigía la salida de Boluarte. Ella y otros comerciantes decidieron cerrar sus establecimientos, dejando ir posibles ventas de cara a la temporada navideña.
El abogado Ronaldo Atencio, quien habló en nombre del equipo jurídico de Castillo, alegó que el mandatario no levantó las armas ni organizó a la población capaz de derrocar al gobierno actual, como lo establece la ley peruana para acusar a alguien de rebelión. También dijo que Castillo no representa un riesgo de fuga, y que nunca pidió asilo a México, tal como lo confirmó el embajador mexicano.
Boluarte, compañera de fórmula de Castillo y vicepresidenta, fue juramentada rápidamente el miércoles de la semana pasada luego de que el Congreso destituyó a Castillo por “incapacidad moral permanente».
El lunes, Boluarte cedió en parte a las exigencias de los manifestantes, anunciando en un discurso a nivel nacional que enviaría una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones a abril de 2024. Anteriormente había asegurado que pretendía permanecer en el cargo durante los tres años y medio restantes del mandato de Castillo.
En las calles de Lima, los agentes de la policía han arrojado gases lacrimógenos y golpeado en repetidas ocasiones a los manifestantes. Fuera de la capital, los inconformes quemaron comisarías de la policía, tomaron el control de una pista de aterrizaje utilizada por las fuerzas armadas e invadieron la pista del aeropuerto internacional de Arequipa, que es la puerta de entrada a algunas de las atracciones turísticas del país.
La compañía que opera el tren de pasajeros que lleva a los visitantes a las famosas ruinas arqueológicas de Machu Picchu suspendió el servicio el martes. En tanto, camiones de carga continúan detenidos sobre la carretera Panamericana.
La policía nacional reportó que 130 agentes han resultado heridos en enfrentamientos con los manifestantes, de acuerdo con medios de comunicación estatales.
Boluarte pidió el martes calma a los manifestantes, explicando que ella no había buscado la presidencia.
“Quiero hacer un llamado a mis hermanos y hermanas de Andahuaylas. Calma, calma por favor”, dijo. “No entiendo por qué mis hermanos… se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte cuando yo no he hecho nada para que esa situación exista o se dé”.
La presidenta habló afuera de un hospital donde una niña recibe atención médica por una lesión en el ojo causada por un perdigón disparado durante las protestas. Boluarte dijo que ha girado instrucciones a la policía nacional para que no utilicen ningún arma letal, ni siquiera balas de goma, y señaló que las autoridades están trabajando para determinar quién fue el responsable para procesarlo.
Los problemas de Boluarte se extienden más allá de las fronteras de Perú. Gobiernos de la región también se han negado a otorgarle su reconocimiento como presidenta.
Los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas el lunes en favor de Castillo. Mediante un comunicado conjunto, expresaron su preocupación en torno a su destitución y detención. Aseguraron que aún lo consideran como el mandatario legítimo de Perú y pidieron respeto a sus derechos humanos y que se le garantice la protección jurídica.
El primer ministro de Perú, Pedro Angulo, rechazó en un comunicado la postura de los cuatro países, la cual atribuyó al desconocimiento de la realidad.
