El efecto dominó de la guerra en Ucrania está aumentando el sufrimiento de millones de personas debido al incremento en los precios de los alimentos y la energía, y ha empeorado una crisis financiera, sumándose al impacto de la pandemia de COVID-19 y del cambio climático, de acuerdo con un reporte de la ONU.
La guerra “ha exacerbado una crisis mundial del costo de la vida que no se había visto en al menos una generación” y está socavando el objetivo de la ONU de acabar con la pobreza extrema en todo el mundo para 2030, lamentó el Grupo Mundial de Respuesta a la Crisis de la ONU en el reporte publicado el miércoles.
El grupo, que fue designado por el secretario general de la ONU António Guterres para evaluar el impacto de la invasión rusa a Ucrania, también dijo que el 60% de los trabajadores tienen hoy ingresos reales más bajos que antes de la pandemia y que el 60% de los países más pobres tienen sobreendeudamiento o corren un alto riesgo de tenerlo.
Guterres, que preside el grupo, dijo en una conferencia de prensa que “el impacto de la guerra en la seguridad alimentaria, la energía y las finanzas es sistémico, grave y está acelerando”.
Señaló que la guerra, junto con las otras crisis, “amenaza con desatar una ola sin precedentes de hambruna y destrucción, dejando caos social y económico a su paso”.
«Las personas y los países vulnerables ya se están viendo muy afectados, pero no se equivoquen: Ningún país o comunidad quedará al margen de esta crisis del coste de la vida”, advirtió Guterres.
Los precios de los alimentos están cerca de máximos históricos, y los costos de los fertilizantes se han duplicado, añadió el secretario general.
“Sin fertilizantes, la escasez se extenderá desde el maíz y el trigo a todos los cultivos básicos, incluido el arroz, con un impacto devastador también para miles de millones de personas en Asia y Sudamérica”, dijo.
“La crisis alimentaria de este año tiene que ver con la falta de acceso”, añadió. “La del año que viene podría ser por falta de alimentos”.
Según el informe, se prevé que cerca de 180 millones de personas en 41 de los 53 países en los que hay datos disponibles enfrenten una crisis alimentaria o condiciones peores este año, y se tiene previsto que 19 millones de personas más enfrenten “desnutrición crónica a nivel mundial en 2023”.
Además, según el informe, los precios récord de la energía están provocando escasez de combustible y apagones en todo el mundo, especialmente en África.
Guterres dijo que muchos países en vías de desarrollo enfrentan una presión financiera continua, además del riesgo de impago de la deuda y de colapso económico debido a la pandemia del COVID-19 y a una recuperación desigual de la misma, así como a la crisis climática.
Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y cofacilitadora del Grupo Mundial de Respuesta a la Crisis, dijo que los alimentos, la energía y las finanzas están interconectados y que los tres deben ser abordados para resolver la crisis mundial.
Según el informe, uno de cada dos países del África subsahariana siguen siendo muy vulnerables y están expuestos a las tres dimensiones de la crisis. La región de América Latina y el Caribe es el segundo grupo más grande que enfrenta la crisis del costo de vida, con casi 20 países profundamente afectados, según el informe.
Grynspan advirtió de disturbios sociales e inestabilidad política “como resultado de la debilitada capacidad de los países y las familias para hacer frente a otra crisis mundial, además de la del COVID-19 y la crisis climática”.
Dijo que “no hay solución a la crisis del costo de la vida sin una solución a la crisis financiera”.
Grynspan instó a las instituciones financieras internacionales, especialmente a los consejos de administración del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, a aumentar los desembolsos rápidos para reforzar los recursos financieros de los países necesitados.
Instó al G20, formado por las 20 principales economías del mundo, a restablecer la suspensión de los pagos de la deuda de los países pobres y a retrasar los vencimientos de la deuda entre dos y cinco años.
