La ministra de Capital Humano pide a las madres que no asistan con sus hijos a las protestas porque es “innecesario exponerlos al calor y a la violencia”. La izquierda denuncia al Gobierno ante la justicia
La tensión va en aumento en Argentina en vísperas de la primera protesta convocada contra el Gobierno de Javier Milei. El plan de mano dura del presidente contra las manifestaciones se pondrá a prueba este miércoles, cuando organizaciones de izquierda marchen a la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires contra el recorte de 20.000 millones de dólares de gasto público y lo que consideran una “criminalización de la protesta”. Tras anunciar que las fuerzas de seguridad actuarán ante cualquier corte de calle “hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, el Gobierno ultraderechista redobló este lunes las amenazas: retirará toda ayuda social a quien corte una calle. Diputados opositores manifestaron que se trata de una medida inconstitucional y la denunciaron ante la Justicia.
“El que corta no cobra”, advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un breve mensaje difundido a través de las redes sociales del Ejecutivo. Sus palabras buscan amedrentar a la población más vulnerable, que depende de los planes sociales para sobrevivir, e inauguran una nueva diferencia según la clase social: cortar una calle en la Argentina presidida por Milei tendrá un riesgo más alto para los pobres que para los ricos.
Los argentinos de bien a los que se dirige siempre Milei no cortan calles, parece decir entre líneas un mensaje que tiene memoria selectiva: durante la pandemia, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó y alentó protestas contra el largo confinamiento decretado por el Gobierno peronista y el escándalo del vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud.
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En su breve mensaje, Pettovello señaló que “si bien es un derecho manifestarse, también lo es el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”. La movilización está convocada por la tarde, cuando la mayoría de los argentinos regresa a sus hogares, pero, al margen del horario, la idea es mantener una política de tolerancia cero hacia los que incumplan el nuevo protocolo. Este obliga a manifestarse en la vereda en vez de marchar por la calle, como es habitual en Argentina.
El Gobierno espera un aumento de la conflictividad social por el deterioro económico que provocará su plan de ajuste del 5% del PIB para 2024, equivalente a unos 20.000 millones de dólares. Se prevé más inflación, más hambre y más pobreza. Pero ya desde antes, las protestas en Buenos Aires eran casi cotidianas. Cualquiera que haya paseado por los alrededores del Obelisco, la Plaza de Mayo o frente a los ministerios (ahora secretarías) de Trabajo y Desarrollo es posible que encontrase alguna manifestación que obligaba a desviar el tránsito.
Milei quiere que deje de ser así, al igual que muchos de los que lo votaron, y exige que los que protestan respeten el paso de los automóviles y las señales de tránsito. Sin embargo, las nuevas reglas serán todavía más difíciles de cumplir en el caso de movilizaciones multitudinarias, como la del 8 de marzo por el Día internacional de la mujer o la del 24 de ese mismo mes, cuando miles de personas se manifiestan contra la dictadura en el aniversario del último golpe de Estado.
