Las gigantes tecnológicas Meta y TikTok están en el ojo de la tormenta al desafiar las tarifas impuestas por la Unión Europea para cumplir con las nuevas reglas de moderación de contenido de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Ambas compañías objetan los cálculos de tarifas, generando polémica en un escenario donde la DSA busca un equilibrio en los costos de aplicación. Detalles sobre la controversia y los motivos de apelación aquí.
Las gigantes tecnológicas Meta y TikTok están en el ojo de la tormenta al desafiar las tarifas impuestas por la Unión Europea para cumplir con las nuevas reglas de moderación de contenido de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Ambas compañías objetan los cálculos de tarifas, generando polémica en un escenario donde la DSA busca un equilibrio en los costos de aplicación. Detalles sobre la controversia y los motivos de apelación aquí.

Las gigantes tecnológicas Meta y TikTok están en el ojo de la tormenta al desafiar las tarifas impuestas por la Unión Europea para cumplir con las nuevas reglas de moderación de contenido de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Ambas compañías objetan los cálculos de tarifas, generando polémica en un escenario donde la DSA busca un equilibrio en los costos de aplicación. Detalles sobre la controversia y los motivos de apelación aquí.

Meta, inconforme con las tarifas impuestas a pesar de pérdidas, se enfrenta a un pago reportado de €11 millones. Alega que la actual metodología beneficia a empresas sin ganancias, generando inequidad en la distribución de costos. Este desafío, informado por Politico, pone de manifiesto la tensión entre las grandes corporaciones y las regulaciones de la DSA.

TikTok también en la disputa, cuestiona el método de cálculo de sus tarifas, destacando la utilización de estimaciones externas para determinar los usuarios activos mensuales. La plataforma, con una tarifa reportada de €3.9 millones, argumenta que las cifras no reflejan con precisión su alcance real. Declaraciones de Morgan Evans, director de comunicaciones de TikTok, revelan los fundamentos de su apelación.

Bajo la DSA, las 20 plataformas en línea más grandes (VLOPs) deben financiar la implementación de las reglas de moderación en la Unión Europea. Meta y TikTok, etiquetadas como VLOPs por sus 45 millones de usuarios activos mensuales, enfrentan la obligación de costear la aplicación de las regulaciones. Una distribución de costos que despierta controversia y desafíos legales.

Según informes, Meta y Alphabet, la empresa matriz de Google, se espera que cubran tres cuartas partes de la factura anual de €45.2 millones. Esto se traduce en €11 millones para Meta y €22.1 millones para Alphabet. Sin embargo, la controversia radica en la limitación de la tarifa al 0.05 por ciento de las ganancias globales anuales, permitiendo a empresas como Amazon y X evitar pagos, a pesar de consumir recursos para el cumplimiento de la DSA.

La investigación oficial de la Comisión Europea sobre X, ex-Twitter, destaca la preocupación por posibles violaciones de la DSA. La empresa enfrenta acusaciones de no prevenir la difusión de contenido ilegal en el contexto de ataques terroristas. Esta situación agrega complejidad al escenario, mientras que Amazon y Zalando también desafían la DSA, centrándose en sus designaciones como VLOPs.

Ante el desafío legal de Meta, la Comisión Europea defiende su decisión y metodología, insistiendo en su solidez. Mientras Amazon y Zalando también cuestionan la DSA, la confirmación de que todas las empresas pagaron sus tarifas antes del 31 de diciembre refuerza el marco regulatorio. Este enfrentamiento se da en el contexto de la DSA, vigente desde el año pasado, con la fecha límite de cumplimiento para las empresas el 17 de febrero, y sanciones severas para quienes no cumplan.

La entrada en vigor de la DSA marca un hito en la regulación de contenido en la Unión Europea, con empresas tecnológicas enfrentando desafíos y controversias en la aplicación de tarifas. El desenlace de estas disputas tendrá un impacto significativo en cómo las grandes plataformas tecnológicas operan y cumplen con las normativas en la región.

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