Dina Boluarte promulgó este miércoles una ley de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa procesados por violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Esta acción ha sido interpretada como una desobediencia directa a la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH), que había ordenado a Perú no implementar la ley.
En un comunicado, la Presidencia peruana defendió la medida como un «honor» a los «defensores» de la patria, afirmando que el país «no abandona a sus defensores y que jamás permitirá el sacrificio de quienes se enfrentaron a la violencia sea olvidado o castigado». Esta postura oficial choca frontalmente con la opinión de organizaciones de derechos humanos.
La ONG Human Rights Watch (HRW) calificó la ley como «una traición a las víctimas» y sostuvo que «nunca debió ser promulgada y debería ser derogada». La directora para la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, añadió que la ley «socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho».
Con esta decisión, Perú se une a la lista de países que desafían el sistema interamericano de Derechos Humanos, según HRW. El Congreso había aprobado el proyecto a principios de julio, y a pesar de la orden de la Corte IDH de abstenerse, la promulgación de la ley sigue adelante. La medida afecta a casos de un conflicto que dejó alrededor de 70.000 muertos y 20.000 desaparecidos.
