La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este martes 23Sep, que las recientes deportaciones desde Estados Unidos a Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur de ciudadanos de terceros países han expuesto a cientos de personas al riesgo de detención arbitraria, malos tratos y devolución, denunciando «una estrategia política estadounidense que viola el Derecho Internacional».
En este sentido, la ONG dijo que «acuerdos opacos que facilitan estas transferencias, algunos de los cuales incluyen asistencia financiera estadounidense, forman parte de una estrategia política estadounidense que viola el derecho internacional de los derechos humanos y está diseñada para instrumentalizar el sufrimiento humano como un factor disuasorio de la migración».
Ante ello, lamentó las «duras condiciones» de «al menos a cinco personas de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen» que están recluidas en un centro penitenciario de Esuatini, así como detenciones y expulsiones irregulares en Ghana y Sudán del Sur.
«Estos acuerdos convierten a los gobiernos africanos en cómplices de las terribles violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes por parte de la Administración (del presidente de Estados Unidos, Donald) Trump», declaró el director de incidencia política en África de HRW, Allan Ngari, aludiendo, en concreto, a devoluciones y detenciones arbitrarias.
En consecuencia, Human Rights Watch instó a los países africanos «a negarse a firmar acuerdos para aceptar deportados de terceros países desde Estados Unidos y a rescindir los que ya están en vigor», así como a permitir el acceso a observadores independientes, abstenerse de detener a deportados sin una base legal clara y garantizar que ningún deportado sea devuelto a su país de origen si existen pruebas creíbles de que enfrentaría el riesgo de persecución, desaparición forzada, tortura u otros graves daños.
«Estos acuerdos no pueden invalidar las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos», reclamó Ngari, instando a la Unión Africana a incidir en que «las deportaciones que no brindan a las personas la oportunidad de buscar protección contra la persecución o la tortura son ilegales, abusivas e inaceptables».
Europapress
