Por decisión de Inspectorías del Trabajo en el país, trabajadores sindicalistas o con algún procedimiento legal abierto, de la industria cementera nacional, tienen prohibido acercarse a las sedes tanto de estos organismos como a las de plantas de cemento existentes en Venezuela, tras la aplicación de medidas cautelares interpuestas por el patrono, consistentes en la separación del cargo y la consiguiente prohibición.
Así lo denuncia Orlando Chirinos, presidente de la Federación de Trabajadores del Cemento de Venezuela y secretario general del Sindicato del Cemento del estado Lara, sentenciando que los trabajadores de la industria han sido colocados «en un total estado de indefensión a todos los niveles”, porque les aplican la reciente ley de zonas de seguridad para involucrar así a los organismos de seguridad, criminalizando aún más la protesta.
Precisando que la medida impacta a unos 200 trabajadores de nómina, en todo el país, de una nómina de ocho mil. En Lara los afectados por estas medidas son 67 que no pueden acercarse o bien a la sede de la inspectoría, o a la cementera de Tamaca, e inclusive ambas, como en el caso de Chirinos.
La más reciente aplicación de estas medidas, calificadas como arbitrarias por los afectados, fue aplicada en la planta Pertigalete, en el estado Anzoátegui, la más grande del país y sin producción en este momento, donde 11 trabajadores fueron separados de su cargo tras ser acusados por traición a la patria, boicot, entre otros.
Fustiga Chirinos que esa decisión es una abierta violación a los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que califica de insólita, en virtud de la violación al estado de derecho.
Apuntó que la dirigencia sindical del cemento ha hecho el reclamo correspondiente ante las respectivas fiscalías del Ministerio Público, en los estados donde hay plantas cementeras, pero que, hasta ahora, no han recibido respuesta alguna.
«Todo eso transgrede el derecho de los trabajadores al reclamo consciente, a la vez que obstruye prácticamente por completo el que esos mismos trabajadores puedan adelantar algún procedimiento en defensa de sus derechos, algo que ahora requieren más que nunca».
Ventaja al paralelismo sindical
Dice que todo esto también le aporta «a ese paralelismo sindical perverso que la empresa ha implementado, mediante el accionar de los llamados colectivos que están dentro de las plantas cementeras, y así buscar chivos expiatorios en esta dura lucha gremial».
El dirigente sindical estima que “muy probablemente elevaremos esta denuncia por ante la comisión de la Organización Internacional del Trabajo, que supuestamente debe venir al país por estos mismos días”.
Recordó también Chirinos que la empresa a nivel nacional está presidida por un coronel del Ejército, quien ha puesto en práctica una política de designar “miliempresarios”, es decir militares, al frente de cada planta cementera.
–Y estos lo único que saben hacer muy bien es poner en práctica medidas de persecución y de amedrentamiento contra los trabajadores, y de judicialización contra sus justas protestas.
Reinaldo Gómez
Gráfica: Julio Colmenárez
