La defensa de Nicolás Maduro dio un paso drástico este jueves al solicitar formalmente la desestimación de los cargos por narcotráfico y corrupción en Estados Unidos. El movimiento surge tras el bloqueo de la OFAC, que impidió el uso de fondos estatales venezolanos para costear los honorarios legales en el tribunal de Manhattan. Según el equipo jurídico, la negativa del Departamento del Tesoro a liberar estos recursos impide que el procesado cuente con la representación de su elección, lo que, a su juicio, vicia de inconstitucionalidad cualquier proceso judicial que se intente llevar adelante en estas condiciones.
Por su parte, el representante legal de la República, Henry Rodríguez Facchinetti, insistió en que el Estado venezolano tiene el mandato constitucional de sufragar los gastos jurídicos del mandatario y su cónyuge. Facchinetti aseguró que el origen de dicho capital es plenamente lícito y que la disposición de pago es total, pero se encuentra interrumpida por las sanciones administrativas de Washington. Esta situación ha puesto en jaque la continuidad de la defensa privada liderada por Barry Pollack, quien advirtió que no podrá seguir al frente del caso si no se garantiza la remuneración correspondiente a través de los canales institucionales de Venezuela.
Ante la falta de respuesta por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Pollack señaló que su permanencia en el juicio es incierta y que, de mantenerse el bloqueo financiero, se verá forzado a presentar una solicitud de retiro oficial. La moción presentada ante el juez Alvin Hellerstein sostiene que el proceso se ha convertido en una barrera infranqueable para el derecho básico a la defensa técnica. Mientras tanto, en los pasillos de la corte neoyorquina, la incertidumbre crece sobre si el caso del siglo podrá continuar o si este obstáculo económico provocará un retraso indefinido en el calendario judicial.
