Por medio de un Real Decreto, el Consejo de Ministros de España aprobó este martes 27 de enero la tramitación este amparo que permitirá que poco más de 500 mil personas extranjeras que se encuentran en situación irregular en el país, oficialicen su residencia.

La medida fue pactada entre el Gobierno del presidente Pedro Sánchez y el partido Podemos, y beneficiará a quienes hayan ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2025.

En ese sentido, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,  el plazo para presentar solicitudes se abrirá a principios de abril y se mantendrá vigente hasta el 30 de junio de 2026.

La admisión a trámite de la solicitud otorgará una autorización provisional de residencia y trabajo por un periodo de un año, con posibilidad de renovación conforme al reglamento de extranjería.

Entre los requisitos, los solicitantes deberán acreditar al menos cinco meses de permanencia en España antes de la fecha límite establecida.

Para ello, se aceptarán documentos como certificados de empadronamiento, informes médicos, contratos de servicios públicos, justificantes de envío de remesas u otros documentos públicos o privados que permitan comprobar la residencia en el país.

La regularización también incluye a solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud antes de 2026. Con la presentación de la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajo sin autorización.

El Gobierno optó por tramitar la medida mediante un Real Decreto, lo que evita su debate y votación en el Congreso de los Diputados. La iniciativa se enmarca en un contexto en el que una Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización migratoria, respaldada por más de 700.000 firmas, permanece bloqueada en el Parlamento desde 2024.

España ha realizado ocho procesos de regularización extraordinaria desde la década de los años ochenta. El último tuvo lugar en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando más de 500.000 personas regularizaron su situación administrativa.

Con información de EP y Agencia

 

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