El Tribunal Constitucional de Polonia ordenó la disolución del Partido Comunista Polaco (KPP), argumentando que viola principios fundamentales de la Constitución al promover ideologías totalitarias. La decisión, que se considera histórica, subraya el compromiso del Estado polaco con la memoria histórica y la protección del orden democrático, impidiendo la existencia de organizaciones incompatibles con estos valores esenciales.
El fallo del tribunal fue contundente: sostuvo que el Estado polaco no puede, bajo ninguna circunstancia, avalar ni permitir la existencia de organizaciones que abiertamente glorifiquen o hagan apología de regímenes que han sido responsables de crímenes masivos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esta postura se fundamenta en la experiencia histórica del país bajo el régimen comunista.
La solicitud de prohibición había sido elevada por el presidente del Instituto de la Memoria Nacional (IPN), Karol Nawrocki, quien se amparó en leyes que explícitamente impiden la formación de partidos basados en ideologías totalitarias, como el comunismo y el fascismo. La medida busca asegurar que el espacio político polaco se mantenga libre de movimientos que busquen subvertir el orden constitucional y democrático.
Si bien el Partido Comunista Polaco tenía actualmente una influencia política marginal, esta sentencia marca su disolución definitiva y envía un mensaje claro. La decisión del Tribunal Constitucional refuerza la postura inquebrantable de Polonia contra cualquier partido que sea incompatible con su orden democrático y sus valores de libertad, estableciendo un precedente significativo en la legislación europea.
