La Administración Trump admitió el lunes 31Mar que cometió «un error administrativo» al deportar a la megacárcel de El Salvador al ciudadano salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, un padre de familia de Maryland a quien una orden judicial lo protegía legalmente de ser retornado a su país de origen.
Aunque reconoce el error, el Gobierno alega que no pueden traerlo de vuelta a EE. UU., donde vivía desde 2011 junto con su esposa y su hijo de cinco años de edad y quien tiene una discapacidad, porque fue puesto bajo custodia de las autoridades de la nación centroamericana.
Abrego García, de 44 años, llegó a Estados Unidos con 16 años después de huir de la violencia de las pandillas salvadoreñas que extorsionaban y agredían a su familia. En 2019 un juez de inmigración le otorgó estatus legal protegido.
No tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en ningún otro país, según su equipo legal, el cual afirmó también que no está afiliado a ninguna banda, a pesar de las acusaciones del Gobierno estadounidense.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aseguró que la deportación «fue un descuido» y que se llevó a cabo «de buena fe», basándose en la presunción de que Abrego García pertenencia a la banda delincuencial MS-13, de El Salvador, pero los abogados replican que el Gobierno estadoiunidense «nunca ha aportado ni un ápice de pruebas que respalden esta acusación infundada».
El abogado de Abrego García, Simón Sandoval-Moshenberg, dijo a la revista ‘The Atlantic’ que nunca había visto un caso en el que el Gobierno deportara a alguien a sabiendas que se le había concedido el estatus de protegido.
El caso podría ser el primero, pero quizá no el único, ante la falta de información por parte del Gobierno de EE. UU. y las denuncias de ilegalidad presentadas contra los procedimientos ejecutados en las deportaciones a El Salvador, que involucran también a cientos de ciudadanos venezolanos.
De hecho, la esposa de Abrego García -ciudadana estadounidense, al igual que el hijo de ambos- identificó a su marido a través de sus tatuajes y dos cicatrices que tenía en la cabeza, cuando vio una foto en un artículo de prensa sobre el CECOT, en la que no se veían los rostros de los presos. De esa misma manera, muchas familias venezolanas se enteraron de la deportación de sus seres queridos.
Este caso ha generado una ola de reacciones, en tanto revela falencias en la coordinación de los organismos encargados de la gestión de deportaciones.
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