Decenas de vehículos con indígenas perseguían y bloqueaban este martes autobuses del transporte público en Ecuador para pincharles las llantas y obligar a los pasajeros a caminar. El ministro de Defensa advirtió que la democracia está en riesgo.
Los principales focos de protesta se concentraban en los extremos norte y sur de la capital, mientras un grupo menor se encontraba en el centro de Quito, en el interior de la estatal Universidad Central y de la Universidad Salesiana, y en muchas calles y avenidas grupos protagonizaban enfrentamientos con la policía que buscaba dispersarlos con gases lacrimógenos.
Las universidades, la iglesia, las delegaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos -entre otras 300 instituciones- hicieron pública una invitación al gobierno y a los indígenas para “llegar a acuerdos que permitan enfrentar la grave crisis económica, social y política que atraviesa Ecuador”. El gobierno aceptó de inmediato el llamado, pero los indígenas no se han pronunciado.
Añadieron que este proceso busca dar respuestas a las demandas ampliamente rezagadas de sectores vulnerables y populares, respetando el Estado de derecho y preservando por sobre todas las cosas, la seguridad de la población.
El Palacio de Carondelet, la sede del gobierno nacional, amaneció fuertemente resguardado por cientos de policías y militares, vallas y alambres de púas.
Ante el conflicto, el Ministerio de Energía declaró el estado de fuerza mayor para todas las operadoras de exploración y explotación de hidrocarburos y todas las fases de la industria de hidrocarburos del país para evitar posibles demandas por incumplimiento de contratos.
Las protestas y la sucesiva toma de pozos petroleros han obligado a apagar cerca de 609 pozos de producción en la Amazonia con una pérdida diaria de producción de unos 30.000 barriles, equivalente a 17 millones de dólares.
En una cadena de radio y televisión el ministro de Defensa, Luis Lara, afirmó que las fuerzas armadas contemplan con enorme preocupación “la manipulación de la protestas sociales y el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo… para intentar imponer al Estado sus peticiones».
Añadió que “estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Las fuerzas armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional”.
Desde el lunes de la semana pasada la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, mantiene un paro nacional por tiempo indeterminado que ha afectado especialmente a seis provincias del centro norte ecuatoriano, en demanda de la reducción del precio de la gasolina, la fijación de precios de los productos agropecuarios y mayor presupuesto para la educación, entre otros reclamos.
Se espera que en las próximas horas esa organización responda al presidente, que el fin de semana envió un documento con respuestas a los pedidos.
Las manifestaciones han ocasionado el bloqueo intermitente de vías impidiendo el paso de vehículos particulares y de carga, lo que ha causado un desabastecimiento de alimentos y combustible en algunas ciudades, incluida la capital.
