El segundo impeachment de Corea del Sur en dos semanas es el último giro en la saga política
Salvaguardar los derechos y libertades que los surcoreanos han disfrutado con tanto esfuerzo durante casi cuatro décadas es un objetivo noble –y apoyado por la gran mayoría de los votantes–, pero las escenas dentro de la Asamblea Nacional han sido un recordatorio de lo delgada que puede ser la línea entre la democracia y el gobierno por la fuerza.
El último giro en una saga que comenzó después del anochecer del 3 de diciembre, cuando el entonces presidente, Yoon Suk Yeol, impuso la ley marcial y desencadenó un enfrentamiento entre parlamentarios y tropas dentro del edificio de la Asamblea Nacional, se produjo el viernes, cuando el hombre que reemplazó a Yoon corrió la misma suerte y fue destituido del poder.
El impeachment de Han Duck-soo se produce quince días después de que los diputados de la oposición, con la ayuda de una docena de miembros rebeldes del partido gobernante de Yoon, el Poder Popular, expulsaran a Yoon del cargo en el segundo intento. Una semana antes, un primer intento de impeachment fracasó después de que su partido boicoteara la votación, dejando a la cámara sin suficientes votos para asegurar la mayoría necesaria de dos tercios.
Luego, el viernes, Han pagó el mismo precio por su presunta participación en lo que los parlamentarios de la oposición habitualmente llaman la desafortunada “insurrección” de Yoon.
Las consecuencias del descenso de seis horas de Corea del Sur a su pasado autoritario están expresadas en terminología legal y procedimientos complicados: ahora que el parlamento ha hecho su parte, la atención volverá a la corte constitucional.
En tiempos más normales, seis de los nueve jueces del tribunal tienen que aprobar la votación del parlamento para destituir a Yoon de su cargo, lo que desencadena una elección que debe celebrarse dentro de los 60 días posteriores a su decisión.
Pero, como ha enseñado el mes pasado a los surcoreanos y a sus cada vez más preocupados aliados en Washington y otros lugares, el funcionamiento del tribunal más alto del país es tan vulnerable a la incertidumbre como las maquinaciones de su irascible parlamento.
La composición actual del tribunal –sólo seis jueces– es un factor clave en la votación del viernes para destituir a Han, quien ahora debe soportar la ignominia de convertirse en el primer presidente interino de Corea del Sur en ser sometido a un juicio político. Fue su negativa a aprobar a tres candidatos aprobados por la oposición para completar el tribunal de nueve miembros, una medida que, según él, necesitaba un acuerdo bipartidista, lo que selló su destino.
Han, que se desempeñó como primer ministro antes de Yoon, deja su lugar a un sucesor temporal, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, mientras el parlamento avanza más abajo en el orden jerárquico para llenar el vacío de liderazgo del país.
A pesar del drama del viernes en torno a Han, Yoon sigue siendo el protagonista principal de este volátil drama político. No se sabe con certeza cómo decidirá el tribunal sobre su destitución al término del plazo de 180 días.
El rápido nombramiento de nuevos jueces para reemplazar a los tres que se marcharon en octubre al final de sus mandatos podría aumentar las posibilidades de que Yoon sea declarado culpable del cargo de haber violado la constitución a través de su declaración de la ley marcial y acciones posteriores.
Pero si no se nombran nuevos jueces y la decisión sobre el destino de Yoon queda en manos de los seis actuales, la situación aumentaría drásticamente, ya que la decisión tendría que ser unánime. Una sola voz disidente haría que Yoon fuera restituido.
Mientras las deliberaciones del tribunal se llevan a cabo junto con una investigación criminal separada sobre Yoon y sus asociados, mientras los ciudadanos continúan desafiando temperaturas gélidas para pedir a sus representantes que salven algo cercano a la estabilidad, es difícil imaginar que las próximas semanas serán menos tumultuosas que el mes pasado.
Pero para millones de surcoreanos exhaustos, las mentes jurídicas más importantes del país deben triunfar donde tantos de sus políticos han fracasado notoriamente.
