El presidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró este miércoles 19-Oct que existe un «complot» por parte de ciertos sectores de la oposición política, el Poder Judicial y la prensa para «quebrantar el orden constitucional y democrático» del país y sacarlo del poder mediante una «modalidad de nuevo golpe de Estado».
«Las fuerzas políticas que asumieron el país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional, en los años 90, son las que ahora impulsan, como en aquella época, una modalidad de nuevo golpe de Estado en el Perú», sentenció Castillo en un mensaje a la nación, anunciado minutos antes de su retransmisión.
Acompañado de su gabinete, pero no de la vicepresidenta Dina Boluarte, el mandatario reiteró que su familia, su gobierno y él mismo están siendo víctimas de una «persecución política iniciada incluso antes» de asumir su mandato, en julio de 2021.
Citó, en primer lugar, las acusaciones que lo tildaban de «comunista», después de «terrorista» y ahora con una «estrategia» centrada en la «demolición de la imagen presidencial».
«Quieren que yo me vaya para que ellos gobiernen sin haber sido elegidos», aseguró tras denunciar que en Perú «se viene haciendo uso indebido de manera recurrente de instrumentos jurídicos».
«Las pruebas de la instrumentalización política de la Justicia ya son irrefutables», reiteró.
El gobernante acusó también de integrar este supuesto «plan siniestro y antidemocrático» a empresas de comunicación y a periodistas, quienes, dijo, se han convertido en «operadores políticos» al tratar como «hechos consumados las calumnias» que lo acusan de supuestamente liderar una presunta organización criminal.
Castillo justificó que, ante «estos actos lesivos que socavan la institucionalidad democrática, el Estado de derecho, la gobernabilidad y el desarrollo económico del país», decidió acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y apelar a los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana.
Agregó que apela a ella «como mecanismo preventivo para la defensa de la democracia y para evitar la rotura constitucional».
La petición de Castillo ante la OEA se formalizó el pasado 12 de octubre, aunque se conoció este miércoles, luego de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra, que el mandatario calificó de «inconstitucional e ilegal y sin fundamentos».
El jefe de Estado, que negó todas las acusaciones de corrupción en su contra, dijo que la solicitud al organismo busca que se inicie un proceso de consulta con todas las fuerzas políticas del país, con los diferentes poderes del Estado y las fuerzas sociales «para encontrar un camino que impida una grave alteración del orden democrático en Perú».
