Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) en el estado Lara, manifestó su descontento ante la falta de convocatoria formal a los gremios y sindicatos para la consulta de la Ley de Amnistía, realizada este lunes en Barquisimeto.

El dirigente sindical cuestionó que, a pesar de ser los sectores que han mantenido las demandas laborales activas durante años, no se les invitara oficialmente a participar. «Gremios, sindicatos e incluso ONGs fueron ignorados para esta consulta, aun cuando estas organizaciones tienen mucho que aportar por su experiencia en la defensa de derechos», señaló Domínguez.

Defensa de los trabajadores perseguidos

El vocero de los trabajadores del IVSS destacó que su presencia en el lugar —acompañado por representantes del Colegio de Médicos, Enfermeras, Bioanalistas, Odontólogos y trabajadores de la Gobernación— tiene un objetivo claro: defender a quienes fueron víctimas de despidos injustificados y persecución.

«Estamos aquí en representación de los profesionales y obreros que fueron destituidos de sus puestos por motivos políticos, sometidos a jubilaciones forzosas o que se vieron obligados a abandonar sus cargos por coacción», enfatizó.

Una advertencia sobre la «letra muerta»

Domínguez fue enfático al advertir que este instrumento legal no debe quedar en «letra muerta». Exigió que el texto garantice soluciones reales para el sector laboral.

«Esto es serio, no estamos aquí por una foto; no somos políticos. Llama la atención ver a muchas personas presentes, excepto a los familiares de los presos políticos o representantes de la sociedad civil organizada y el sector educación …», sentenció el dirigente.

Finalmente, instó a los parlamentarios a que la ley se convierta en una herramienta efectiva de justicia y no en un simple trámite que ignore a los actores sociales que han padecido la crisis institucional en el país.

Inhabilitaciones

Por su parte, Deyanira Gentile, representante del Colegio de Médicos del estado Lara, manifestó que es preocupante que las inhabilitaciones sigan limitando la participación ciudadana.

“hemos sido perseguidos durante muchos años y, en otros casos, ignorados. No fuimos convocados formalmente a esta consulta y no tenemos una representación real en el debate», cuestionó Gentile.

En términos similares se pronunció Oneida de Fuenmayor, presidenta del Colegio de Odontólogos, quien respaldó la necesidad de que el ciudadano sea el verdadero protagonista del texto jurídico.

El drama de las enfermeras: Expedientes amañados

Por su parte, la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en Lara, Elda Jiménez, recordó casos emblemáticos de injusticia laboral ocurridos desde 2018. Denunció que en el Hospital Daza Pereira (IVSS), al menos 10 enfermeras fueron despedidas mediante «expedientes amañados» tras exigir salarios dignos y el cumplimiento de sus contratos colectivos.

«Es vergonzoso que se despida a una colega por reclamar sus derechos. En el Hospital Pastor Oropeza también aplicaron jubilaciones forzadas y anticipadas a personal que nunca las solicitó. Se ha dejado de lado la LOTTT, la Constitución y los contratos laborales en desmedro del trabajador», deploró Jiménez.

Un diagnóstico claro

Los líderes gremiales coincidieron en que los sindicatos ya cuentan con un diagnóstico exhaustivo de la situación de precariedad y persecución. Afirman que la Ley de Amnistía es la oportunidad para frenar la política de silencio impuesta por el Ejecutivo y devolver la estabilidad a quienes fueron castigados por su labor sindical y humanitaria. AC

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