En el marco de la consulta pública nacional del Proyecto de Ley de Amnistía, celebrada este lunes 9 de enero en Barquisimeto con la presencia de diputados de la Asamblea Nacional, el Sindicato de Empleados del Ejecutivo del Estado (Sepeel), presentó una serie de propuestas para que el sector laboral sea incluido y protegido por este instrumento legal.
Robert Sánchez, secretario general de la organización, enfatizó que el objetivo primordial es poner fin a la criminalización de las exigencias laborales. “No puede ser que un trabajador, por reclamar derechos básicos, pensiones o un sueldo digno sea señalado de ejecutar acciones desestabilizadoras o terroristas”, aseveró en nombre en representación, además, del Sutivs-Lara, y los colegios de Médico, Enfermera y Odontología.
Una «nomenclatura» para el silencio
Sánchez denunció que el Gobierno Nacional ha instaurado una «nomenclatura» basada en términos como «odio», «boicot» y «terrorismo» con el fin de silenciar el descontento de los trabajadores. Según el dirigente, esta práctica es inédita en la historia democrática del país y ha servido para judicializar a quienes hacen visible la precariedad del sector.
«La realidad es que el salario y las pensiones llevan, no cuatro años sino décadas hundidos en la miseria. Al no haber seguridad social ni laboral, el trabajador protesta, pero la respuesta del Estado ha sido el uso de estas etiquetas para encarcelar o exiliar a líderes sindicales», acusó Sánchez.
Propuesta de Sindicatos y gremios para ser incorporadas en la ley:
- Despenalización del reclamo: Extinción de la responsabilidad penal contra dirigentes sindicales y libertad plena para los detenidos.
- Limpieza de expedientes: Eliminación de antecedentes penales derivados de protestas laborales, evitando que el trabajador quede «fichado» por exigir sus derechos.
- Reinserción y reparación: Garantizar el retorno a sus puestos de trabajo de quienes fueron despedidos injustamente, junto con el pago de salarios caídos y prestaciones sociales.
- Revisión del exilio: Ofrecer garantías plenas para el retorno de los dirigentes que abandonaron el país debido al hostigamiento.
- Derogación de la Ley contra el Odio: Sánchez argumenta que este instrumento legal queda a discreción del Gobierno, permitiéndoles calificar como «odio» cualquier crítica o reclamo legítimo.
Volver a la civilidad
Finalmente, el vocero de Sepeel hizo un llamado a recuperar la mediación administrativa y el respeto mutuo, señalando que en una democracia las diferencias se dirimen mediante el diálogo y no en tribunales penales.
«Esta ley debe dejar constancia del atropello injusto al que fuimos sometidos. Urgimos volver a la civilidad; ninguna paralización por salarios en las empresas estatales debió ser tratada como un delito de terrorismo», concluyó. AC
