La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos. El tribunal desestimó los recursos de la defensa, señalando que existen indicios suficientes para indagar si se utilizaron recursos del Estado para fines estrictamente particulares.
El foco de la investigación se centra en la relación con su asistente, Cristina Álvarez, empleada de Presidencia. Los magistrados cuestionan que el nombramiento de Álvarez —amiga íntima de Gómez— no respondiera a un perfil técnico en protocolo, sino a una estrategia para asegurar el cumplimiento de intereses privados mediante el uso de personal público, lo que podría haber causado un perjuicio al patrimonio del Estado.
La justicia destaca como un «primer indicio» de irregularidad el hecho de que se eligiera a una persona de máxima confianza personal en lugar de un funcionario experto. Por ello, la investigación no se limitará únicamente al intercambio de correos electrónicos, sino que se extenderá a reuniones, visitas y llamadas realizadas en el ejercicio de sus funciones dentro del Palacio de la Moncloa.
Finalmente, el tribunal respaldó la autonomía del juez Peinado para ajustar el rumbo de la instrucción según los hallazgos, subrayando que no está obligado a mantener criterios previos si detecta posibles delitos. Este proceso busca esclarecer si la estructura de la Presidencia fue utilizada de manera indebida para potenciar las actividades profesionales y personales de la esposa del mandatario.
