La organización Amnistía Internacional exigió este miércoles 26 de noviembre, al Gobierno cubano poner fin a las «prácticas autoritarias» contra las mujeres actividades y defensoras de los Derechos Humanos, que son a menudo objeto de «la violencia estatal» ejercida para silenciarlas.
En su informe ‘Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba’, la ONG exigió al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, el fin del «hostigamiento y la adopción urgente de una ley integral contra la violencia de género».
«Exigimos a las autoridades de Cuba poner fin a estas prácticas, que se enmarcan en un patrón sistemático de represión que afecta de manera específica y diferenciada a mujeres que ejercen activismo, periodismo y defensa de derechos humanos», recoge el texto.
Estas prácticas, señala, incluyen «detenciones arbitrarias, vigilancia indebida, criminalización injusta, desaparición forzada y otros tipos de violencia institucional», todo ello en un entorno «marcado por la impunidad ante las violaciones de Derechos Humanos y la falta de garantías judiciales».
«Las mujeres defensoras en Cuba son castigadas no solo por alzar la voz, sino también por ser madres, periodistas y lideresas sociales», afirmó Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional. «El Estado utiliza la violencia de género como herramienta de represión: busca quebrar su dignidad, su entorno familiar y su fuerza colectiva», explicó en el marco de la presentación del documento.
El informe analiza hechos ocurridos entre 2014 y 2025 y revela que, además de prácticas autoritarias, las mujeres sufren «formas específicas de represión por parte de agentes estatales que constituyen violencia estatal de género, como desnudos forzados y registros corporales invasivos, estigmatización por género, edad y orientación sexual».
Asimismo, son víctimas de «amenazas y mecanismos de intimidación y control» específicos. El texto recoge así los testimonios de mujeres sometidas a violencia psicológica, detenciones arbitrarias, prácticas autoritarias y violencia estatal.
Europa Press
