El Tribunal Supremo (TS) condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso–, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
El fallo no fue por unanimidad. Contó con el apoyo de cinco magistrados -Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela- y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.
De hecho, Polo era la magistrada ponente, esto es, la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma ha llevado a que sea Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó a García Ortiz, quien asuma esta función.
El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.
El fallo se adelantó este jueves, comunicándoselo a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique formalmente la sentencia, que ni siquiera está aún redactada.
Solo se conoce un párrafo del fallo: «Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años».
A ello suma la responsabilidad civil para González Amador en concepto de daños morales en la cuantía de 10.000 euros, lejos de los 300.000 euros que reclamaba la acusación particular; y las costas procesales.
Europapress
