En una sesión cargada de divisiones partidistas, la Administración del presidente Donald Trump defendió este lunes ante el Congreso de Estados Unidos la controvertida «Operación Absolute Resolve», la incursión militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La reunión a puertas cerradas, que duró más de dos horas, buscó aplacar las críticas internas y externas sobre una acción que ha sacudido el equilibrio geopolítico en América Latina y generado un amplio debate sobre su legalidad bajo el derecho internacional.
El congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, emergió como una de las voces más firmes en apoyo a la estrategia de la Casa Blanca. En declaraciones posteriores a la prensa, Mast enfatizó que la operación no representa el inicio de una guerra prolongada ni un esfuerzo de «construcción de naciones», sino una medida precisa para neutralizar lo que describió como un «régimen narcoterrorista» que amenaza la seguridad nacional estadounidense. «Esta administración no busca guerras eternas», afirmó Mast, diferenciando el operativo de intervenciones pasadas como las de Afganistán o Irak.
La comparecencia contó con la participación de altos funcionarios del gabinete Trump, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la fiscal general Pam Bondi. Según fuentes familiarizadas con la sesión, Bondi presentó las bases legales para la acción, basadas en las acusaciones federales de narcotráfico pendientes contra Maduro desde 2020, comparándola con operaciones previas como el asesinato de Qassem Soleimani. Mast reiteró que no se requería autorización previa del Congreso, argumentando que se trató de una «función de aplicación de la ley» respaldada por inteligencia sensible.
Entre los puntos clave destacados por Mast durante su intervención se encuentran:
– Legitimidad legal: la operación se justificó como una ejecución de órdenes judiciales existentes, sin necesidad de debate congresional previo, similar a acciones antiterroristas puntuales.
– Ausencia de ocupación permanente: el legislador aseguró que no hay planes para mantener tropas estadounidenses en territorio venezolano a largo plazo, desestimando temores de un «escenario afgano».
– Transición institucional: la Administración reconoce temporalmente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como figura interina para preservar la estabilidad, con miras a elecciones libres en el corto plazo.
Sin embargo, la unidad republicana contrasta con el escepticismo demócrata. Líderes como el senador Chuck Schumer criticaron el briefing como «vago e insatisfactorio», cuestionando el vacío de poder en Caracas y el uso de recursos militares para lo que la Casa Blanca califica como una mera «operación policial». Demócratas como Tim Kaine calificaron la acción como un «ataque militar no autorizado», recordando que muchos de ellos habían demandado previamente la salida de Maduro, pero no a través de métodos que consideran un retroceso a políticas intervencionistas del pasado.
El trasfondo económico no pasó desapercibido. Mast aludió al control de las mayores reservas petroleras del mundo por parte de «adversarios» de EE. UU., sugiriendo que la reconfiguración energética es un objetivo implícito. Esto refuerza las especulaciones de que la intervención busca no solo justicia penal, sino también asegurar el flujo de crudo venezolano hacia mercados aliados, en detrimento de influencias como China y Rusia.
Mientras Maduro enfrenta cargos en Nueva York, donde se declaró no culpable alegando ser un «prisionero de guerra», las reacciones internacionales se intensifican. En la ONU, aliados de EE. UU. como Francia y el Reino Unido condenaron la violación de la soberanía venezolana, advirtiendo sobre precedentes peligrosos.
Desde Washington, esta crónica subraya cómo la captura de Maduro no solo redefine las relaciones hemisféricas, sino que expone las fracturas internas en el poder legislativo estadounidense. El Congreso, dividido, podría enfrentar votaciones para limitar futuras acciones militares, mientras el mundo observa si esta «resolución absoluta» marca el fin de una era o el inicio de conflictos mayores.
Foto: AFP News
