La dirigencia sindical de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (Uptaeb) rechaza la decisión de la rectora, Michelly Vivas Chacón, de desalojar y clausurar definitivamente el Servicio Social Odontológico que funciona en el edificio Giraluna.
Wismark Pérez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Uptaeb, informó que este martes 3 de febrero, la autoridad universitaria notificó a Reimundo Duno, directivo del gremio, sobre el desalojo inmediato de los equipos médicos. Ante esta medida, la dirigencia sindical responsabilizó directamente a la rectora por cualquier daño, pérdida o deterioro que sufran los equipos, el mobiliario y el material médico-quirúrgico especializado que allí se encuentra.
Según detalló Pérez, este servicio es vital para la institución, ya que atiende a una población de más de 3.000 personas, incluyendo no solo a los trabajadores universitarios, sino también a vecinos de las comunidades adyacentes.
“Es inaudito que en un área tan crítica como la odontológica se pretenda extinguir un servicio que ya tiene las puertas cerradas con candado desde septiembre de 2025, impidiendo el derecho al trabajo de los profesionales de la salud y el derecho a la asistencia de los pacientes“, señala Pérez.
Denuncian de abuso de poder
El sindicato calificó la acción como un “abuso de poder” y una “violación a las normas de convivencia y derechos laborales”. Cuestionaron el argumento de la falta de espacios para otros fines (como un consultorio de psicología estudiantil), señalando que dentro de la universidad existen áreas en total estado de abandono
El sindicato ofreció sus propios espacios para el consultorio de psicología, propuesta que fue rechazada. Pero, además existen otras áreas dentro de la universidad como Gestión Comunicacional que se está abandonada y salones que se han convertido en depósitos improvisados que sirven de vertederos para libros, documentos y pupitres deteriorados.
Llamado a las autoridades
Los trabajadores se declararon en estado de indefensión y piden la intervención inmediata de las fuerzas vivas locales y del Ejecutivo Nacional. “Hacemos un llamado para que se aboquen a esta denuncia. No es posible que, por un acto de soberbia, se anule un servicio social en un momento donde la salud debería ser la prioridad absoluta”, concluyó la dirigencia. AC
